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El Gobierno de Estados Unidos implementará desde el 1 de noviembre una medida que excluye a los refugiados y solicitantes de asilo del programa de asistencia alimentaria SNAP. Esta decisión forma parte de la ley H.R. 1, aprobada en julio de este año, que redefine los requisitos para acceder a beneficios federales, con ello, se busca reducir gastos públicos, aunque el impacto social ha generado preocupación en distintas comunidades.
Cambios en el acceso al SNAP en Estados Unidos
El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) dejará de incluir a ciertos grupos migrantes, a partir de ahora, solo podrán recibir la ayuda ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y migrantes de países con acuerdos especiales como Micronesia, Palaos e Islas Marshall. Según estimaciones del Departamento de Agricultura (USDA), alrededor de 90.000 personas quedarán sin este beneficio esencial.
Entre los afectados destacan los refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de trata y personas sin estatus legal definido. Los estados deberán notificar a los beneficiarios y suspender los pagos en un plazo máximo de 120 días, las autoridades locales, especialmente en zonas con grandes comunidades migrantes como Nueva York, evalúan medidas de apoyo transitorio para mitigar los efectos de la exclusión.
Organizaciones como el U.S. Committee for Refugees and Immigrants (USCRI) advirtieron que esta decisión aumentará la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables. También señalaron que la eliminación del beneficio contradice los principios humanitarios y los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos en materia de protección de refugiados.
Foto: SNAP EEUU
Un total de 25 estados y el Distrito de Columbia han presentado demandas judiciales contra la reforma, alegando que vulnera derechos básicos y contradice otras leyes federales. Algunos gobiernos locales han empezado a diseñar fondos de emergencia y programas paralelos de ayuda alimentaria, aunque la sostenibilidad de estas iniciativas aún está en discusión.