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La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, junto a una coalición de líderes de 25 estados y el Distrito de Columbia, ha presentado una demanda contra el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA). Esta acción legal busca revertir la reciente decisión del gobierno federal de suspender los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como estampillas de alimentos, en medio del cierre del gobierno.
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La demanda argumenta que la interrupción de los beneficios del SNAP es innecesaria y evitable. Según la Oficina de la Fiscal General James, el USDA está legalmente obligado a mantener el flujo de beneficios mientras tenga acceso a los recursos. La agencia dispone de miles de millones de dólares en fondos de contingencia, asignados específicamente por el Congreso para cubrir interrupciones en la financiación. “Millones de estadounidenses están a punto de pasar hambre porque el gobierno federal ha decidido retener la asistencia alimentaria que está legalmente obligado a proporcionar”, afirmó James.
La relevancia del SNAP para la población
El SNAP es considerado uno de los instrumentos más eficaces del país para combatir el hambre. La Fiscal General destacó que el USDA tiene los recursos necesarios para mantener este programa en funcionamiento. “No hay excusa para que esta administración abandone a las familias que dependen del SNAP como un sustento”, sentenció James. Cabe mencionar que casi el 60 % de los beneficiarios son niños y personas mayores, lo que hace que la suspensión de los pagos amenace con consecuencias devastadoras para estas poblaciones vulnerables.
La coalición también subrayó que la decisión de suspender la asistencia viola la Ley de Alimentación y Nutrición, que exige explícitamente que se proporcione asistencia a todos los hogares elegibles. En este sentido, la demanda solicita al tribunal una intervención inmediata para obtener una orden de restricción temporal que obligue al USDA a utilizar los fondos disponibles y garantizar que los beneficios del SNAP lleguen a los beneficiarios a partir del 1 de noviembre.
Críticas a la administración actual
Mientras comunidades en todo el país conmemoran el Día de Acción SNAP, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de la coalición Democracy Forward, criticó la decisión del gobierno de Trump. “La administración Trump-Vance está utilizando las necesidades básicas de las personas como peones en un juego político”, argumentó Perryman, quien considera que esta actitud es tanto ilegal como inmoral.
Perryman concluyó advirtiendo que su equipo está preparado para presentar una demanda en defensa de los ciudadanos y que están trabajando con el Comité de Abogados de Rhode Island para impugnar lo que consideran un abuso de poder por parte del gobierno.
A medida que se desarrolla esta situación, el futuro del programa y su capacidad para seguir apoyando a las familias más necesitadas está en juego, lo que resalta la importancia crítica de estos beneficios en tiempos de crisis.