NOTAS RELACIONADAS
A partir del 1º de noviembre, los hospitales de Texas deberán implementar una nueva normativa que requiere que los pacientes proporcionen información sobre su estatus migratorio al recibir atención médica. Esta medida, establecida por una orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott, tiene como objetivo ajustar los costos de la atención médica en función del estatus migratorio del paciente.
La norma se dirige especialmente a los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin la debida documentación. Los hospitales y otros centros de salud en Texas tendrán que recopilar información detallada sobre el estatus migratorio tanto de los pacientes nuevos como de los que ya están internados.
Esta obligación se enmarca dentro de un esfuerzo por gestionar de manera más efectiva los costos asociados a la atención médica de inmigrantes ilegales. Abbott argumenta que los residentes de Texas no deberían cargar con los costos de atención médica de estas personas, y que la medida responde a las altas tasas de detención de inmigrantes en la frontera con México.
La normativa que entrará en vigor el próximo mes se aplicará a todos los hospitales que participen en Medicaid y en el Programa de Seguro Médico para Niños, así como a otros centros de salud identificados por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas. Esta regla busca asegurar que todos los hospitales del estado manejen de manera uniforme la información migratoria y ajusten sus prácticas de facturación en consecuencia.
En comparación, Florida es el único estado que actualmente sigue una política similar, preguntando a los pacientes sobre su estatus migratorio desde 2023. Sin embargo, el impacto de esta ley en Florida ha sido limitado. Informes indican que menos del 1% de los pacientes que buscaron atención médica en los hospitales del estado informaron estar en el país de manera ilegal. La Agencia de Administración de Atención Médica de Florida admitió que el análisis de datos sobre esta medida tenía importantes limitaciones.
El informe de Florida también reveló que no se podía determinar con precisión qué proporción de la atención médica se estaba brindando a inmigrantes ilegales. Esta falta de datos claros cuestiona la efectividad de la ley en Florida y plantea dudas sobre la utilidad de tales medidas en la práctica.