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Uniones laborales en San Francisco han decidido ampliar su demanda contra la Administración Trump debido a los despidos masivos de empleados federales como resultado del cierre del gobierno. Esta acción busca proteger a más trabajadores afectados por las decisiones del gobierno federal.
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El 17 de octubre, un memo presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte solicitó la inclusión de más empleados cesanteados en la demanda original presentada el 30 de septiembre. Las uniones, entre ellas la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME), están pidiendo una medida cautelar que prohíba cualquier despido mientras el litigio avanza.
Alegaciones de ilegalidad
Los sindicatos argumentan que la Administración Trump ha violado la ley al amenazar con despedir a trabajadores federales suspendidos y ordenar despidos masivos a empleados que trabajan sin paga. Everett Kelley, presidente nacional de AFGE, calificó los despidos como “manifiestamente ilegales” y aseguró que la ampliación de la demanda es un paso crucial para proteger a más empleados federales.
Kelley también subrayó que los despidos parecen estar motivados por razones político-partidistas, en lugar de cuestiones laborales reales. “El presidente Trump no ha ocultado que se trata de castigar a sus enemigos políticos”, declaró, añadiendo que los datos proporcionados por el gobierno respaldan las reclamaciones de ilegalidad en estos despidos.
Respaldo de otros líderes sindicales
Lee Saunders, presidente de AFSCME, respaldó la ampliación de la demanda, señalando que la detención temporal de los despidos por parte del tribunal demuestra que los procedimientos fueron ilegales. “Seguiremos utilizando todas las vías legales para proteger a los trabajadores esenciales y a las comunidades a las que sirven”, afirmó.
Heather Conroy, vicepresidenta ejecutiva de SEIU, también criticó la decisión de despedir a empleados federales durante un cierre gubernamental, calificándola de “cruel” e “ilegal”. Conroy enfatizó que los trabajadores federales merecen respeto y que su lucha es por la reincorporación y compensación adecuada.
El 15 de octubre, la jueza federal Susan Illston emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno llevar a cabo los despidos o hacer cumplir los avisos de reducción de personal (RIF). Esta orden se aplica a todas las oficinas de las agencias demandadas donde los sindicatos representan a los empleados, incluso en aquellas donde se han rescindido contratos.