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Después de una final épica que terminó en el noveno título en la historia de Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025, la MLB enfrenta un nuevo escándalo por apuestas ilegales que involucra a los lanzadores de Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz.
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Ambos peloteros dominicanos fueron acusados por la Fiscalía de Brooklyn por su presunta participación en un esquema de apuestas amañadas dentro de las Grandes Ligas, que los podrían condenar a 65 años de prisión. Ortiz ya fue presentado en un tribunal de Boston, donde se le concedió libertad bajo fianza, mientras que, el antiguo cerrador de la franquicia de Ohio aún no está detenido.
Con estas acusaciones por fraude en apuestas deportivas, MLB anunció una nueva regulación que limita las microapuestas por lanzamiento a un máximo de 200 dólares y prohíbe su inclusión en "parlays". Esta decisión, tomada en coordinación con las principales casas de apuestas, busca frenar el crecimiento descontrolado de los llamados pitch-level markets, donde los usuarios apuestan sobre el resultado de cada lanzamiento individual, de acuerdo con un comunicado oficial de Las Mayores.
MLB pone un alto a las microapuestasç
Según el informe de las Grandes Ligas, el el objetivo es mantener un equilibrio entre la innovación en las apuestas deportivas y la protección de la transparencia del juego.
Además de eso, la MLB pretende reducir el riesgo de manipulación y reforzar la confianza del público en la integridad del béisbol profesional. Las microapuestas, que se habían popularizado rápidamente gracias a su carácter dinámico y su atractivo para nuevos apostadores, también habían generado preocupación entre expertos y reguladores.
Cabe destacar que, Luis Ortiz recibió 5,000 dólares por lanzar un pitcheo intencionalmente el 15 de junio y Emmanuel Clase también recibió 5 mil por facilitar la acción. Repitieron la acción el 27 de junio, aumentando los pagos respectivos a 7,000 dólares en esa ocasión. Estos acontecimientos no solo le pondría fin a sus carreras en Las Mayores, sino que los privaría de libertad con hasta 65 años de cárcel.