Suscríbete a nuestros canales
Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos dio luz verde a la aplicación de la Ley SB 264, impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la cual impone severas restricciones a la compra de propiedades inmuebles por parte de ciudadanos de ciertos países.
NOTAS RELACIONADAS
Detalles de la ley qué nacionalidades son afectadas
El fallo, emitido por el Undécimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, revierte las demandas de organizaciones civiles en Florida que calificaban la ley de discriminatoria por motivos de origen nacional.
Esta decisión, adoptada por una mayoría de dos votos contra uno, establece un precedente significativo en la política de Florida sobre el control de inversiones extranjeras y la posesión de tierras. La administración estatal celebró el fallo como una victoria en la protección territorial, enfocada en evitar la influencia de gobiernos adversarios.
La Ley SB 264, aprobada en 2023, prohíbe de manera estricta que la mayoría de los ciudadanos chinos adquieran bienes inmuebles que se encuentren a menos de 16 kilómetros de infraestructuras civiles o militares consideradas críticas por el estado.
Las restricciones también se extienden a ciudadanos de otros países considerados como "preocupación", incluyendo a: Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, aunque bajo condiciones más flexibles que las impuestas a los ciudadanos chinos.
Cuáles son las excepciones de la ley
Aunque el fallo contempla ciertas excepciones: aquellos ciudadanos con visas distintas a la de turista o que sean solicitantes de asilo pueden adquirir una única propiedad residencial de hasta 8.000 metros cuadrados, siempre que esta se encuentre a más de ocho kilómetros de una base militar.
El juez Robert Luck, autor del fallo mayoritario, argumentó que los demandantes no cumplían los requisitos para ser directamente afectados. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos defensores de derechos civiles criticaron duramente la legislación, con un juez disidente calificándola como una "resurgencia moderna de las 'alien land laws'" que evocan prácticas históricas de segregación racial.