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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la controversia al advertir que podría recurrir a la Ley de Insurrección si los gobiernos estatales continúan bloqueando su intención de desplegar a la Guardia Nacional. Según explicó, su propósito es “garantizar la seguridad ciudadana”, especialmente en ciudades controladas por demócratas donde han surgido manifestaciones críticas hacia su figura y sus políticas.
La advertencia de Trump se produjo tras la acción legal de varias ciudades, entre ellas Chicago, que presentaron demandas contra la administración federal para evitar el ingreso de tropas militares. Los gobiernos locales argumentan que estas medidas vulneran la autonomía estatal y que las manifestaciones recientes han sido, en su mayoría, pacíficas, sin que exista una amenaza real que justifique una intervención militar.
Qué establece la Ley de Insurrección en Estados Unidos
Esta normativa, que data de 1807, permite al presidente de los Estados Unidos desplegar personal militar activo dentro del país en caso de rebelión o disturbios graves. Sin embargo, su uso está estrictamente limitado a situaciones extremas, como levantamientos armados o desórdenes masivos que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Expertos en derecho constitucional advierten que aplicar esta ley a simples protestas podría violar el marco legal del país. El fiscal general de Illinois calificó la propuesta como “innecesaria e inconstitucional”, recordando que las Fuerzas Armadas no deben emplearse para controlar manifestaciones civiles.
“No hay insurrección, hay protestas pacíficas”, señaló en declaraciones a CNN, destacando que recurrir al Ejército solo aumentaría las tensiones sociales y políticas en Estados Unidos.
No es la primera vez que Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección, y es que, en el pasado, ya había considerado utilizarla durante protestas en Los Ángeles relacionadas con políticas migratorias. En aquel entonces, su decisión también fue frenada por tribunales y por la oposición de gobernadores demócratas, quienes calificaron el plan como un intento de militarizar las calles.