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La Corte Suprema de EEUU ha decidido que el presidente Donald Trump tiene la autoridad para poner fin a la protección migratoria provisional que beneficia a unos 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta protección, que se implementó a través de la aplicación CBP One bajo la administración del presidente Joe Biden, exigía la presencia de un patrocinador en EEUU para su acceso.
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Consecuencias para los inmigrantes
Se estima que alrededor de 530,000 personas se encuentran bajo este programa, ahora en riesgo de deportación. Los defensores de los inmigrantes han criticado esta decisión, considerando que la terminación del programa de alivio temporal, conocido como visa humanitaria (CHNV), es un grave error que afecta a miles de familias.
Opiniones disidentes en la corte
Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo con la decisión del tribunal. En un argumento escrito por la jueza Jackson, se calificó la evaluación sobre los programas gubernamentales para inmigrantes como “un error”. La Corte también suspendió una orden anterior del Tribunal de Distrito de Massachusetts que había bloqueado la terminación del programa CHNV.
El futuro del programa CHNV
A pesar de la decisión de la Corte Suprema, el futuro del programa CHNV no está completamente definido. La corte no se pronunció sobre otros programas de ‘parole’, que ofrecen protección temporal a inmigrantes y les permiten trabajar mientras buscan opciones de estancia permanente en EEUU. La batalla legal aún continúa, ya que el Tribunal de Apelaciones debe considerar una apelación formal sobre el caso.
Proceso judicial en cuestión
La petición de la Administración Trump fue presentada a través del Departamento de Justicia (DOJ) y forma parte de un proceso conocido como “Shadow Docket” o “Expediente en la Sombra”. Este método ha generado preocupación entre expertos judiciales, quienes argumentan que evita pasos esenciales en el proceso legal y carece de la transparencia necesaria.
Impacto en las familias inmigrantes
Talia Inlender, subdirectora del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la UCLA, calificó esta decisión como un duro golpe al programa de visas humanitarias que impactará negativamente en las vidas de miles de personas. Inlender recordó que durante más de 70 años, tanto presidentes republicanos como demócratas han utilizado la autoridad de libertad condicional para permitir la entrada de extranjeros a EEUU por razones humanitarias o de interés público.
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