El 25 de abril, un niño de 4 años que padece cáncer de riñón debió interrumpir la atención requerida, cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo deportaran a él, a su hermana y a su madre. En este sentido, los afectados presentaron una demanda federal en el Distrito Medio de Luisana el pasado 31 de julio.
NOTAS RELACIONADAS
Tanto el niño como su hermana nacieron en los Estados Unidos y la madre es originaria de Honduras.
Los detalles del caso
El niño, quien ahora tiene 5 años, se encontraba recibiendo tratamiento médico en el hospital infantil de Nueva Orleans, tras ser diagnosticado a los 2 años. Su cuadro médico fue catalogado por los especialistas como “raro y agresivo”.
Los involucrados en la querella legal han utilizado seudónimos en vez de sus nombres de pila: Romeo, Ruby y la madre es Rosario. El pasado 25 de abril, la familia demandó al ICE por sus acciones arbitrarias, las cuales afectaron de manera significativa la salud del infante. El caso se mantiene bajo la representación del Proyecto Nacional de Inmigración de Gibson Dunn, y Most & Associates y Ware Immigration.
“Como consecuencia directa de la conducta ilegal de ICE, Romeo se vio privado de la continuidad que tanto necesitaba en su tratamiento y ha enfrentado riesgos de salud sustanciales debido a su incapacidad para acceder a atención especializada de emergencia y a la atención oncológica crítica de rutina que estaba disponible para él en los Estados Unidos”, explicaron los abogados en la denuncia.
“Dado el cáncer de Romeo y sus necesidades médicas especializadas, Rosario quería que sus dos hijos ciudadanos estadounidenses permanecieran en Estados Unidos”. El ICE cuestionó a la madre si deseaba ser deportada con sus hijos o si preferían que le asignaran a una persona para el cuidado, ella optó por regresar a su país de origen en compañía de su familia.
Pronunciamiento de las autoridades
Dada las condiciones irregulares del caso, las autoridades se pronunciaron para manifestar su criterio y aclarar lo sucedido con la familia. La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughin, declaró: “Los medios de comunicación y los políticos demócratas están difundiendo información falsa al público sobre la deportación de menores estadounidenses. Esto es falso e irresponsable”.
Por último, la portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, decidió no emitir comentarios sobre el caso de Romeo. De manera oficial, se conoce que la familia solicitó una remuneración económica por daños y perjuicios.