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En un movimiento que ha generado amplio debate, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una normativa que restringe compra de viviendas a ciudadanos de siete países considerados adversarios: China, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria. La medida busca limitar la adquisición de propiedades en zonas estratégicas y proteger la seguridad de instalaciones críticas del estado.
La legislación, conocida como SB 264, establece que los extranjeros no pueden comprar inmuebles cercanos a infraestructuras esenciales, incluyendo instalaciones civiles y militares estratégicas. Según los defensores de la ley, esto ayuda a prevenir riesgos de seguridad nacional y mantener el control sobre terrenos sensibles.
Por su parte, el Undécimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la validez de la ley, rechazando denuncias de discriminación planteadas por organizaciones civiles. Los extranjeros sin visa de turismo o solicitud de asilo podrán adquirir propiedades de hasta 8.000 metros cuadrados, siempre que se encuentren a más de 16 kilómetros de las zonas críticas definidas por el estado.
Infraestructuras protegidas por la ley de Florida
Cabe destacar que esta normativa afecta propiedades cercanas a instalaciones esenciales del estado, tales como:
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Hospitales y centros de salud.
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Instalaciones de seguridad y defensa.
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Redes de transporte y carreteras estratégicas.
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Servicios públicos fundamentales.
La medida ha generado rechazo de organizaciones de derechos civiles y expertos en inmigración. Clay Zhu, de la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA), afirmó que la ley “discrimina a los inmigrantes chinos y genera temor entre comunidades asiático-estadounidenses que solo buscan adquirir vivienda”. La abogada Ashley Gorski, de la ACLU, señaló que todas las personas deberían poder comprar propiedades sin enfrentar discriminación por su nacionalidad.
Foto: Ron DeSantis
Expertos en bienes raíces advierten que la ley podría afectar el mercado inmobiliario de Florida, uno de los más activos de Estados Unidos, al limitar la participación de ciertos extranjeros. Además, refuerza estigmas hacia comunidades de inmigrantes y puede generar desconfianza en quienes buscan establecerse en el estado y desarrollar proyectos de inversión o vivienda.