En lo que va de 2025, la política migratoria de Estados Unidos ha intensificado las deportaciones de migrantes hacia países donde no tienen ciudadanía ni vínculos previos. Los reportes oficiales revelan que un grupo específico concentra la mayor parte de estos traslados forzosos, y que las medidas se ejecutan con procesos acelerados que en algunos casos apenas dan seis horas de aviso previo.
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Esta situación se origina en una combinación de decisiones ejecutivas y una reciente sentencia de la Corte Suprema, que autoriza el envío de migrantes a terceros países con la sola condición de brindar algún tipo de notificación. La falta de claridad sobre cómo garantizar el derecho a defensa ha generado preocupación entre abogados y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre posibles vulneraciones de garantías básicas.
De acuerdo con los datos más recientes, los venezolanos son el grupo más impactado, y es que, dos de cada cinco deportaciones a otros países corresponden a ciudadanos de Venezuela. No obstante, aunque los venezolanos concentran la mayoría de casos, otras comunidades también han sido impactadas:
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514 cubanos enviados a México.
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230 nicaragüenses deportados a países de Centroamérica.
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90 haitianos enviados a distintos destinos.
Organizaciones internacionales alertan que esta estrategia no soluciona la migración irregular, sino que desplaza el problema a países sin capacidad para recibir a las personas expulsadas. Esto genera situaciones de vulnerabilidad extrema, aumentando los riesgos de desprotección y marginalidad, expertos temen que, si la política se mantiene, la segunda mitad de 2025 presente cifras aún más elevadas y consecuencias humanitarias más graves.