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Diversas jurisdicciones locales en Estados Unidos han presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, reclamando el pago de $40 millones de dólares. Estos fondos fueron autorizados por el Congreso para enfrentar la creciente presión migratoria en la frontera sur del país, pero, según los demandantes, nunca fueron entregados.
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El condado de Pima, en Arizona, y las ciudades de Denver y Chicago encabezan la querella legal, y es que, las autoridades de estas localidades aseguran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les adeuda millonarios reembolsos por servicios prestados a migrantes procesados por la Patrulla Fronteriza durante los años 2024 y 2025, aseguran que actuaron de buena fe y ahora enfrentan dificultades económicas.
Los gobiernos locales denuncian que la Casa Blanca modificó las condiciones para acceder a los recursos, exigiendo ahora información detallada sobre los migrantes atendidos, incluyendo nombres, identificaciones y destinos finales de los mismos.
Además de los fondos retenidos, los demandantes advierten que varios programas federales de ayuda para albergues han sido suspendidos. Esto ha generado el cierre de varios centros de atención temporal, como al menos dos en el sur de Arizona, dejando a cientos de migrantes sin opciones seguras para su alojamiento.
Los gobiernos locales aseguran que la falta de apoyo financiero federal complica su capacidad de respuesta ante la crisis migratoria. Al depender de estos fondos, los servicios ofrecidos a los migrantes se han visto comprometidos, afectando tanto la salud pública como la seguridad de las comunidades.
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