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El exitoso cantante español, Julio Iglesias, decidió iniciar un proceso judicial e hizo frente públicamente a las acusaciones difundidas por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social de ese país.
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La acción legal, presentada el martes 24 de febrero ante los tribunales de Madrid, marca un nuevo capítulo en el caso que involucró hace unos meses al emblemático artista en unas fuertes acusaciones de abuso sexual.
Julio Iglesias suelta demanda contra Yolanda Díaz
La demanda fue presentada por el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, como un paso previo a una querella por injurias y calumnias.
En el escrito, el equipo legal del artista acusa a Díaz de vulnerar gravemente su honor, reputación e imagen pública al atribuirle públicamente delitos de “abusos sexuales” y mantener a sus empleadas en una supuesta “situación de esclavitud”.
Según el documento al que han tenido acceso varios medios, Julio de 82 años, exige que la vicepresidenta retracte sus declaraciones públicamente y que indemnice al cantante por el daño causado si no retira los términos y expresiones.
La demanda insta a que Yolanda Díaz reconozca el carácter injurioso y calumnioso de sus palabras y que admita el daño causado al artista. Además, reclama una compensación económica que se determine según el alcance y difusión social de dichas manifestaciones.
Declaraciones de Yolanda Díaz
El conflicto se remonta a un post publicado por Díaz el 13 enero de 2026 en la red social Bluesky, donde compartió un enlace a noticias sobre presuntas denuncias de abuso formuladas por exempleadas del cantante, describiendo esos testimonios como “escalofriantes”.
Al día siguiente, la ministra ratificó y amplió sus declaraciones en un programa de televisión, lo que, según la defensa de Julio Iglesias, contribuyó a consolidar una percepción pública de culpabilidad sin que existiera una sentencia o proceso judicial firme.
Las acusaciones de estas trabajadoras llegaron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, aunque el Ministerio Fiscal archivó la investigación por falta de competencia jurídica en España, alegando que no tenía jurisdicción para conocer los hechos tal como fueron formulados.
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