Desde California hasta Washington D.C., un total de 20 estados han presentado demandas legales contra el Gobierno federal tras darse a conocer que se compartieron datos confidenciales de beneficiarios de Medicaid con las autoridades de inmigración. Según las querellas, esta información habría sido utilizada por ICE para acelerar detenciones y deportaciones de migrantes, convirtiéndose en un presunto abuso de confianza y violación de derechos fundamentales.
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¿Qué datos de Medicaid se filtraron y cómo llegaron a manos de ICE?
De acuerdo con documentos oficiales y reportes de prensa, los datos entregados incluyen nombres, domicilios, números de seguro social, estatus migratorio y reclamos médicos de millones de inscritos en programas de Medicaid en cuatro estados: California, Illinois, Washington y Washington D.C.
La filtración se originó por órdenes internas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), presionado por asesores del secretario Robert F. Kennedy Jr., quienes en junio instruyeron a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) a compartir la información con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para una “revisión” que supuestamente buscaba proteger la integridad del programa. A pesar de las advertencias legales internas —que calificaban la acción como posiblemente ilegal—, la transferencia se llevó a cabo entre el 6 y el 10 de junio.
Reacciones oficiales y respuesta legal
El fiscal general de California, Rob Bonta, lidera una coalición de 20 estados en una demanda interpuesta en la corte federal en San Francisco. En ella acusan al Gobierno de violar leyes clave como la HIPAA, la Ley de Privacidad de 1974 y múltiples normativas federales sobre la confidencialidad sanitaria.
Bonta advirtió que este acto ha generado “una cultura de miedo” que podría disuadir a personas vulnerables —incluidos aquellos que buscan servicios de salud reproductiva o de emergencia— de acceder a Medicaid.
Frente a las acusaciones, el HHS defiende su actuación como “completamente dentro de la ley” y afirma que el objetivo era asegurar que los beneficios llegaran únicamente a personas con estatus migratorio legal. Sin embargo, los críticos sostienen que se trata de una maniobra encubierta para ayudar a ICE a localizar a migrantes indocumentados.
Impacto en las comunidades migrantes
Especialistas en leyes de inmigración han alertado que ICE podría usar esta base de datos como guía en redadas coordinadas a nivel nacional, aprovechando la información detallada para realizar arrestos eficazmente.
Organizaciones comunitarias han reportado miedo entre los beneficiarios de Medicaid, muchos de los cuales están evitando acudir a clínicas o solicitar asistencia por temor a ser detectados y deportados tras usar un programa que es esencial para la atención básica de su salud.
Históricamente, nunca antes se habían compartido datos de Medicaid con ICE, y la filtración representa un precedente preocupante. La demanda busca no solo detener futuras transferencias, sino también ordenar la eliminación de la información ya entregada.
La resolución del caso podría redefinir los límites entre la supervisión de fondos públicos y la protección de la privacidad de los pacientes. Además, se suma a otros litigios en curso, como los relacionados con el IRS y el intercambio de información tributaria con agencias migratorias.