En un movimiento que ha desatado una intensa controversia, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comenzado a compartir información confidencial de contribuyentes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este intercambio de datos tiene como objetivo identificar y localizar a inmigrantes indocumentados que enfrentan órdenes de deportación, en el marco del plan de deportaciones masivas impulsado por la administración de Donald Trump.
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Un acuerdo sin precedentes
El acuerdo, firmado en abril entre el Departamento del Tesoro y el DHS, otorga acceso a nombres, direcciones y datos fiscales de contribuyentes. Según las autoridades, este acceso se justifica bajo el argumento de que muchos de estos individuos ya están involucrados en procesos judiciales o investigaciones criminales federales.
Históricamente, el IRS ha entregado información fiscal en casos específicos, pero nunca antes se había registrado un traspaso de información de tal magnitud para hacer cumplir las leyes migratorias. Fuentes cercanas al proceso han indicado que el ICE solicitó datos sobre 1,23 millones de personas; sin embargo, menos del 5% de las coincidencias fueron confirmadas por el IRS debido a la falta de correspondencia exacta en los registros.
Reacciones desde la Casa Blanca
La baja tasa de coincidencias ha generado frustración en la Casa Blanca, que esperaba obtener una cantidad significativamente mayor de información para acelerar las detenciones de inmigrantes indocumentados. Esta situación ha puesto en evidencia las tensiones dentro del gobierno federal respecto a la eficacia del acuerdo.
Resistencia interna y consecuencias
La implementación de esta medida no ha estado exenta de resistencia. Varios funcionarios del IRS han expresado preocupaciones sobre la legalidad del acuerdo y sus implicaciones para la confidencialidad de los contribuyentes. Este clima de tensión ha llevado a la renuncia de altos mandos dentro de la agencia, incluyendo al comisionado Billy Long a principios de año.
Abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que esta cooperación entre el IRS y agencias migratorias podría socavar el principio de confidencialidad fiscal. Existe preocupación sobre cómo este acceso a datos privados podría llevar a que agencias federales obtengan información sin una orden judicial, lo que violaría las leyes de privacidad tributaria en Estados Unidos.
Sin embargo, este nuevo acuerdo podría disuadir a muchos de seguir pagando impuestos por temor a ser localizados y deportados, lo que afectaría tanto su situación personal como la economía en general.