Un tribunal de apelaciones de EEUU ha dictado una decisión clave sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump, limitando su capacidad para deportar a venezolanos vinculados a la banda criminal "Tren de Aragua".
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La mayoría de los jueces del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, concluyó que la situación actual no se puede clasificar como una “invasión” o “incursión depredadora”, lo que impide que el presidente invoque la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798. Esta ley permite al presidente deportar a extranjeros considerados peligrosos para la paz y seguridad de Estados Unidos solo durante una guerra declarada o en caso de una invasión.
Fallo anterior y su implicación
En mayo, el tribunal ya había fallado en contra de la administración Trump, deteniendo sus esfuerzos por deportar a un grupo específico de venezolanos bajo la AEA. La Corte Suprema había remitido el caso al Quinto Circuito para su revisión, lo que llevó a esta nueva decisión.
El tribunal determinó que la inmigración ilegal, por sí sola, no equivale a una acción militar organizada que amenace la seguridad nacional. El juez Leslie Harburd Southwick, junto con la jueza Irma Carrillo Ramírez, apoyaron la decisión, mientras que el juez Andrew Oldham, nombrado por Trump, votó en contra. Southwick destacó que el "Tren de Aragua" no cumple con las características necesarias para ser considerado una fuerza organizada que represente una invasión.
Reacciones ante el fallo
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien representó a los venezolanos afectados, celebró la decisión del tribunal. Gelernt afirmó que el uso de una ley de tiempos de guerra para regular la inmigración en tiempos de paz fue correctamente revocado.
La orden judicial preliminar emitida por el Quinto Circuito es vinculante para los tribunales inferiores dentro de su jurisdicción, que incluye los estados de Louisiana, Mississippi y Texas. Hasta que la Corte Suprema tome una decisión final sobre el caso, esta orden permanecerá vigente.
La decisión del Quinto Circuito representa un importante precedente legal sobre el uso de leyes históricas en contextos modernos y subraya las limitaciones del poder ejecutivo en materia de inmigración.