La administración del presidente Donald Trump ha reactivado una ley de 1996 que permite a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) imponer multas exorbitantes a inmigrantes, con el objetivo de presionarlos a que se autodeporten. Abogados de inmigración han alertado sobre esta situación, destacando que las multas pueden llegar hasta $1.8 millones.
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Merle Kahn, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, indicó que aunque durante el primer mandato de Trump las multas fueron esporádicas, con la llegada de Joe Biden estas se anularon. Sin embargo, ahora han vuelto a ser impuestas y, además, aumentadas. “Podrían recibir multas de más de $1.8 millones si tienen una orden de deportación pendiente y no se marchan”, advirtió Kahn.
En junio, la administración anunció nuevas regulaciones destinadas a agilizar el proceso de imposición de multas, reduciendo el tiempo para apelar y eliminando un período de notificación de 30 días. Durante ese mes, ICE reportó haber emitido más de 10,000 multas.
Detalles sobre las multas impuestas
Las penalizaciones incluyen desde $100 hasta $500 por cada entrada irregular y hasta $998 diarios por no cumplir con una orden de expulsión, evaluadas por un período de hasta cinco años. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que estas sanciones financieras son un incentivo para que los inmigrantes ilegales utilicen la herramienta CBP Home para autodeportarse antes de que sea demasiado tarde.
Los abogados han calificado estas multas como una "táctica de miedo" por parte del gobierno. Kahn subrayó que no se consideran las circunstancias personales que llevaron a los migrantes a no abandonar el país. Además, el proceso para impugnar estas multas es descrito como "realmente breve", lo que limita las opciones de defensa para los afectados.
Ejemplos alarmantes
El abogado de inmigración en Florida, John Gihon, señaló que los avisos han cambiado de notificaciones de intención a facturas directas, sin un proceso efectivo de apelación. Gihon relató el caso de un cliente que recibió una multa de $1.8 millones, pero no pudo salir del país debido a la falta de documentos de viaje. “El Departamento de Justicia podría iniciar acciones legales en su contra en cualquier momento”, advirtió Kahn, calificando estas medidas como intimidatorias y diseñadas para forzar a las personas a autodeportarse. A medida que estas tácticas se implementan, los defensores de los derechos humanos y los abogados advierten sobre las graves implicaciones que esto tiene para la comunidad inmigrante en Estados Unidos.
