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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reiteró un cambio firme en su política migratoria al señalar que, con las nuevas directrices del gobierno de Donald Trump, dejará de diferenciar entre inmigración legal e ilegal para aplicar controles más estrictos.
La agencia considera que esta visión es necesaria para proteger el mercado laboral y reforzar la seguridad nacional, especialmente tras los ajustes implementados desde enero de 2025. Según USCIS, estas acciones responden a un enfoque “de sentido común” que busca corregir lo que consideran fallas en regulaciones previas.
El portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, explicó que la distinción tradicional entre inmigración regular e irregular pierde sentido si ambos flujos generan presión sobre los sistemas públicos y el mercado de trabajo. Y es que, desde la agencia se sostiene que una llegada masiva de extranjeros podría afectar salarios, desplazar a trabajadores estadounidenses y generar tensiones adicionales en sectores sensibles como la vivienda, la educación y la salud. En pocas palabras, para la administración, endurecer el control migratorio permite priorizar a quienes realmente aporten al país.
Desde la llegada de Trump al poder, USCIS ha impulsado una serie de acciones para reforzar su estrategia migratoria. Entre las más relevantes figura la eliminación de programas de protección como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y varias categorías de parole humanitario. La agencia subraya que estas decisiones buscan reducir mecanismos que, a su juicio, facilitaban el ingreso masivo de extranjeros sin un filtro adecuado.
Foto: USCIS
USCIS también destacó su cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en operativos de detención a nivel nacional. De acuerdo con la agencia, desde enero de 2025 se han remitido más de 3.200 casos de extranjeros con órdenes de expulsión o antecedentes criminales, lo que permitió la detención de casi 2.000 personas en sus instalaciones.
Otra medida relevante es la revisión de redes sociales de quienes solicitan visas o beneficios migratorios, dicha práctica busca identificar expresiones consideradas “antiamericanas” o comportamientos que puedan representar riesgos para el país.