En los últimos días, el sistema migratorio de Estados Unidos entró en una etapa de transformación que impacta de manera directa a miles de personas que residen legalmente en el país con estatus temporal. La nueva medida judicial amenaza con dejar a más de 60.000 inmigrantes sin la protección que hasta ahora les garantizaba vivir y trabajar sin problemas legales.
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El Estatus de Protección Temporal (TPS) ha sido durante años un recurso vital para comunidades de países con graves crisis sociales o naturales. Sin embargo, el fallo abre la posibilidad de ponerle fin a este beneficio, según las estimaciones, alrededor de 51.000 hondureños, 3.000 nicaragüenses y unos 7.000 nepalíes podrían perder la protección que hoy sostiene su vida en territorio estadounidense.
Consecuencias inmediatas para los afectados
Con la finalización del TPS, los inmigrantes pierden dos derechos fundamentales:
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La posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos.
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La permanencia reconocida dentro del país sin riesgo de deportación.
Esto implica que, si no realizan un trámite alternativo dentro del tiempo establecido, pasarán a ser considerados indocumentados y quedarán expuestos a procesos de deportación, lo que genera gran incertidumbre entre las familias.
Opciones disponibles para no ser deportados
Para evitar caer en situación irregular, los inmigrantes afectados deberán explorar nuevas vías migratorias. Entre las más relevantes se encuentran:
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Solicitar visas de trabajo, siempre que cumplan con los requisitos exigidos.
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Aplicar a la residencia permanente (Green Card) mediante vínculos familiares o laborales.
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Presentar una solicitud de asilo, en caso de poder demostrar persecución o riesgo en su país de origen.