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California consolidó un conjunto de leyes que redefinen la manera en que instituciones públicas interactúan con comunidades migrantes, especialmente con quienes viven en situación irregular, y es que, el estado busca garantizar un acceso seguro a educación, salud y otros servicios esenciales, reduciendo el temor a la deportación.
Este enfoque se enmarca en el avance nacional, donde Estados Unidos confirma nuevas leyes que beneficiarán a miles de familias inmigrantes y que podrían servir de referencia para otros territorios.
Las normas aprobadas abarcan áreas como privacidad de datos, operativos federales, actuación policial y protocolos escolares, en conjunto, estas leyes buscan impedir filtraciones de información, limitar la colaboración automática con autoridades migratorias y estandarizar procedimientos internos. Con estas reglas, los organismos estatales deberán modernizar sus prácticas para evitar que errores administrativos terminen afectando a familias vulnerables.
SB 580
Una de las leyes más relevantes es la SB 580, que establece pautas claras para instituciones que puedan verse expuestas a operativos federales. Entre los cambios más importantes se encuentran:
- Auditorías periódicas sobre el uso de bases de datos.
- Capacitaciones obligatorias para trabajadores públicos.
- Protocolos unificados para actuar ante agentes migratorios.
La SB 635 introduce un marco de protección adicional para vendedores ambulantes y dueños de unidades móviles de comida, esta ley prohíbe que municipios entreguen datos personales a autoridades federales sin autorización judicial.
Además, exige la eliminación de registros vinculados al estatus migratorio creados antes de 2026 y limita el uso de recursos locales en operativos migratorios. Con ello, se crea un entorno más seguro para trabajadores informales, quienes suelen ser blanco de inspecciones excesivas.
Foto: Cortesía
El ámbito educativo también experimenta cambios relevantes, la AB 49 establece que ninguna escuela pública podrá permitir el ingreso de agentes migratorios a menos que exista una orden judicial. A esto se suma la SB 98, que obliga a las instituciones educativas a crear sistemas de alerta inmediata para maestros y familias en caso de presencia federal.