El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que autoriza a las agencias federales a trasladar a personas sin hogar de las calles a centros de salud, donde recibirán tratamientos médicos o psicológicos, incluso sin su consentimiento. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre los derechos de las personas sin hogar y la forma en que se aborda la crisis de la falta de vivienda en Estados Unidos.
NOTAS RELACIONADAS
En la orden ejecutiva, Trump argumenta que esta medida es necesaria para proteger la seguridad pública. La administración sostiene que la "vagancia endémica", el comportamiento desordenado y los incidentes violentos han contribuido a un ambiente de inseguridad en las ciudades estadounidenses. La Casa Blanca ha destacado que es imperativo tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para actuar.
Asistencia legal a gobiernos locales
La fiscal general, Pam Bondi, ha sido instruida para brindar apoyo a los gobiernos estatales y locales en la implementación de esta política. Se espera que facilite el traslado e internamiento de personas sin hogar que, según el gobierno, representan un peligro tanto para ellos mismos como para los demás. La orden enfatiza la necesidad de un tratamiento adecuado para aquellos con enfermedades mentales o problemas de adicción.
Datos alarmantes sobre la población sin hogar
La orden ejecutiva menciona que, según un registro de una sola noche del último año de la administración anterior, un total de 274,224 personas durmieron en las calles, lo que representa el número más alto jamás registrado. Esta cifra resalta la gravedad de la crisis de la falta de vivienda en el país y la urgencia de encontrar soluciones efectivas.
La administración también se refiere a las condiciones que enfrentan muchas personas sin hogar, indicando que "la abrumadora mayoría" son adictas a las drogas o sufren problemas de salud mental. Según la orden, casi dos tercios de las personas sin hogar han consumido drogas duras como metanfetaminas, cocaína u opioides en algún momento de sus vidas. Este enfoque ha suscitado críticas sobre cómo se percibe y trata a las personas en situación de vulnerabilidad.
La decisión ha generado una variedad de reacciones, desde apoyo por parte de quienes creen que es necesario abordar la crisis de manera más agresiva, hasta críticas severas por parte de defensores de los derechos humanos que argumentan que el internamiento forzado no es una solución viable ni ética.