Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con el FBI y otras agencias federales, llevaron a cabo un operativo en Connecticut que resultó en la detención de 65 inmigrantes indocumentados. Este operativo, denominado “Operation Broken Trust”, se realizó del 12 al 15 de agosto y se centró en la lucha contra el crimen organizado transnacional, las pandillas y otros delitos graves.
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Según ICE, de los detenidos, 29 personas habían sido condenadas o acusadas de delitos graves, incluyendo secuestro, agresión, violaciones de armas, tráfico de drogas y delitos sexuales. La agencia subrayó que su objetivo era desmantelar redes criminales que amenazan la seguridad pública.
Connecticut ya no es un santuario
En un comunicado de prensa, ICE afirmó que "Connecticut ya no es un santuario", acompañando su declaración con fotos de varios sospechosos de origen hispano y un ciudadano indio. Esta afirmación ha generado una intensa discusión sobre el estatus de Connecticut como un estado que protege a los inmigrantes indocumentados.
El gobernador demócrata Ned Lamont se opuso a las acciones de ICE y reafirmó que su administración no cambiará sus políticas migratorias. En una carta dirigida al Departamento de Justicia, Lamont expresó su compromiso con asegurar que todos los residentes sean tratados con respeto y tengan acceso a servicios esenciales. En respuesta a la controversia, su portavoz aclaró que Connecticut no debe ser etiquetado como un estado "santuario", argumentando que las leyes estatales son coherentes con las prácticas de otros estados en cuanto a la cooperación con autoridades migratorias.
Controversia por acusaciones erróneas
ICE también se vio envuelta en una controversia tras acusar erróneamente a Corey Paris, un legislador estatal demócrata, de haber divulgado información sobre sus esfuerzos de deportación. Esta acusación provocó una ola de amenazas violentas hacia Paris, lo que llevó a más de 30 líderes locales y estatales a reunirse para expresar su apoyo al legislador.
La Ley de Confianza de Connecticut, que limita la colaboración entre la policía local y las autoridades migratorias en ciertas circunstancias, ha sido criticada por funcionarios federales. Patricia H. Hyde, directora interina de ICE en Boston, afirmó que estas leyes ponen en peligro a las comunidades al permitir que delincuentes extranjeros permanezcan en libertad.
El operativo “Operation Broken Trust” ha puesto de relieve las tensiones entre las políticas migratorias estatales y federales en Connecticut. Mientras el gobierno estatal se aferra a sus principios de respeto y protección a los inmigrantes, las acciones de ICE reflejan un enfoque más agresivo en la lucha contra el crimen transnacional.