El gobierno del presidente Donald Trump se vio forzado a liberar casi $7,000 millones de dólares en fondos para escuelas públicas que habían sido congelados de manera repentina a principios de julio. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación entre las instituciones educativas, que enfrentaban una crisis inminente mientras se preparaban para los campamentos de verano y las actividades del otoño.
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Liberación parcial y nuevas garantías
Un alto funcionario de la administración republicana anunció que se había finalizado una revisión programática y que los fondos adicionales se liberarían a los estados. Anteriormente, el gobierno ya había accedido a liberar $1,300 millones de dólares, pero la incertidumbre sobre el resto de los fondos había generado alarma en diversas organizaciones y comunidades.
“Existen medidas de seguridad para garantizar que estos fondos no se utilicen en violación de las órdenes ejecutivas o la política administrativa”, afirmó el funcionario.
La congelación de los fondos afectó gravemente a programas K-12, incluyendo iniciativas para la formación y reclutamiento de profesores, programas de enseñanza del idioma inglés, enriquecimiento estudiantil y centros de aprendizaje sin fines de lucro. La mayoría de estos recursos estaban destinados a ayudar a los estudiantes más desfavorecidos de Estados Unidos, lo que generó un fuerte clamor por su liberación.
Acciones legales y respuestas del Departamento de Educación
Un día antes de la liberación de los fondos, el Departamento de Educación había comunicado a los programas afectados que el dinero estaba siendo retenido por motivos de revisión. En un correo electrónico enviado a los beneficiarios, se afirmaba que “el Departamento mantiene su compromiso de garantizar que los recursos de los contribuyentes se inviertan de acuerdo con las prioridades del Presidente y sus responsabilidades legales”.
La administración justificó la congelación argumentando que los fondos estaban siendo utilizados para promover ideologías de izquierda. Este conflicto se produce en un momento en que Trump busca desmantelar el Departamento de Educación, con despidos masivos y recortes significativos en consideración.
Presión política y liberación final
La situación alcanzó un punto crítico cuando, tras una ola de indignación proveniente de campamentos de verano y organizaciones sin fines de lucro como Boys and Girls Club, la Oficina de Administración y Presupuesto decidió liberar $1.3 mil millones de dólares. Sin embargo, el resto de los fondos continuó congelado hasta ahora.
A inicios de julio, aproximadamente dos docenas de estados liderados por demócratas presentaron una demanda contra el Departamento de Educación en un tribunal federal, exigiendo la liberación inmediata de estos fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso.