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El Gobierno de Donald Trump volvió a impulsar su estricta política migratoria al reactivar la regla de “carga pública”, una medida que permitiría a los funcionarios de inmigración negar la residencia permanente a quienes consideren que podrían depender de ayudas estatales. Esta propuesta revive una norma altamente criticada durante su primera administración y marca un retroceso frente a los ajustes hechos por el gobierno de Joe Biden.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) presentó un borrador que propone eliminar la regla de 2022, que había reducido los criterios que perjudicaban a los solicitantes de green card. Con el cambio, el Departamento de Seguridad Nacional retomaría la evaluación más estricta del pasado, analizando con mayor peso el historial económico, los ingresos del solicitante y el uso de beneficios públicos.
Programas sociales en EEUU que vuelven a penalizar
Durante su mandato anterior, Trump ya había ampliado la normativa para incluir diferentes ayudas sociales como elementos negativos en las solicitudes migratorias. Entre los programas que podrían afectar a los inmigrantes están:
Medicaid
Asistencia de vivienda
CHIP (seguro médico para niños)
Otros beneficios destinados a familias de bajos recursos
Este enfoque provocó que miles de inmigrantes dejaran de solicitar asistencia esencial por temor a poner en riesgo su residencia.
Diversos analistas advierten que la nueva propuesta afectaría principalmente a solicitantes de bajos ingresos, familias con niños nacidos en Estados Unidos y trabajadores que dependen de ayudas complementarias. Esta situación podría generar más temor, desinformación y retrasos en las comunidades migrantes que esperan la aprobación de su estatus.