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El estado de Texas ha iniciado una política controversial al ordenar que las universidades públicas identifiquen y reclasifiquen como no residentes a los estudiantes que no cuenten con estatus migratorio legal.
Dicha decisión significa que muchos jóvenes indocumentados dejarán de gozar de matrículas reducidas y tendrán que pagar el costo completo de sus estudios, lo cual podría afectar seriamente su continuidad académica.
La medida fue comunicada por Wynn Rosser, comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, en una carta difundida por The Texas Tribune. En el documento, Rosser indica que, a partir del semestre de otoño de 2025, estos estudiantes deben ser clasificados como no residentes. La orden tiene como objetivo cumplir con una sentencia judicial reciente que cuestiona la legalidad del acceso preferencial a la educación superior para jóvenes indocumentados.
La instrucción de Texas responde a una decisión de un juez federal que dejó sin efecto una ley estatal que permitía a los indocumentados pagar como si fueran residentes. El Departamento de Justicia había presentado una demanda alegando que esa norma era inconstitucional, pues ofrecía ventajas educativas a extranjeros mientras ciudadanos estadounidenses no accedían a los mismos beneficios.
La organización Higher Ed Immigration Portal estima que esta política podría impactar a unos 73.000 estudiantes que actualmente cursan estudios en universidades públicas de Texas. Esta cifra representa casi el 20% del total nacional de estudiantes sin estatus legal en la educación superior, convirtiendo al estado en el epicentro de un cambio legal con implicaciones a nivel nacional.
Recordemos que desde el año 2001, la Texas Dream Act había permitido que jóvenes sin papeles, se graduaran de escuelas secundarias en el estado y residieran allí, pudieran acceder a tarifas educativas reducidas. La ley marcaba un precedente en cuanto a inclusión educativa, permitiendo el acceso universitario a muchos jóvenes que de otra forma no podrían costearlo.