El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos ha cobrado relevancia en el ámbito judicial, especialmente tras una reciente audiencia en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California. Este mecanismo migratorio podría ofrecer protección a casi 350,000 inmigrantes venezolanos que enfrentan la amenaza de deportación.
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Durante la audiencia, los tres jueces del tribunal expresaron su inquietud respecto a la abrupta finalización del TPS por parte de la Administración Trump. Uno de los jueces incluso mencionó comentarios “posiblemente racistas” realizados por el presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en relación con la decisión de eliminar el programa.
Implicaciones de la anulación del TPS
Los jueces escucharon argumentos sobre una demanda que sostiene que la anulación del TPS para 600,000 venezolanos y haitianos fue impulsada por “animosidad racial y caprichosa”. La decisión de Noem de eliminar el TPS se produjo solo días después de asumir el cargo y a tan solo dos semanas de que la administración Biden extendiera el programa hasta octubre de 2026.
La juez Kim McLane Wardlaw cuestionó cómo las condiciones en Venezuela podrían haber cambiado tan drásticamente en un lapso tan corto y criticó la rapidez con la que se llevó a cabo la revisión por parte de la nueva administración. En respuesta, Drew Ensign, del Departamento de Justicia, defendió la acción de Noem, argumentando que las agencias tienen la autoridad para reconsiderar decisiones previas, siempre que se realicen en un marco temporal adecuado.
La posición de los jueces
El juez Anthony Johnstone también se pronunció sobre la posibilidad de impugnar legalmente la política de la era Biden si se determinara que era defectuosa. “No se puede disfrazar eso como una razón de política cuando no hay otra autorización para hacerlo”, enfatizó, alineándose con la postura de Wardlaw.
Abogados que representan a inmigrantes afectados por la cancelación del TPS mostraron optimismo durante la defensa del programa. Jessica Bansal, abogada litigante de la Alianza Nacional de TPS, describió la decisión de la Administración Trump como “arbitraria e ilegal” y reafirmó su confianza en los sólidos argumentos legales presentados ante el tribunal.
La defensa de la Administración ha apelado un fallo que bloqueó en marzo la cancelación del TPS para los venezolanos, mientras que el grupo de defensa National TPS Alliance espera impugnar esta decisión.