El 17 de marzo de 2025, el productor musical originario de Zacatecas, México, Ángel del Villar, se enfrentó por primera vez a un juicio luego de recibir acusaciones en su contra que lo vinculaban con el crimen organizado.
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Sus supuestos nexos con los carteles del narcotráfico en México, lo metió en una intensa batalla legal en Estados Unidos. El famoso productor también es tachado de violar la Ley Kingpin, la cual prohíbe a empresas estadounidenses hacer negocios con narcos.
En este lío también está involucrado el cantante Gerardo Ortiz, quien además ha trabajado musicalmente con Del Villar. En el juicio, el artista se declaró culpable de conspirar para violar la ley federal del territorio estadounidense y hacer negocios con el hoy imputado.
Ángel del Villar hallado culpable
10 días después de comenzar su audiencia, el azteca fue declarado culpable de 11 cargos federales, incluida su violación a la Ley Kingpin, que también combate el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado.
A pesar de su reputación, el ex de Chiquis Rivera, está involucrado en operaciones financieras ilegales, lo que podría traerle como consecuencia una condena de hasta 30 años de cárcel.
De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, el productor en conjunto de su empresa DEL Records, realizó negocios ilegales por un monto de unos 3.5 millones de pesos mexicanos.
Pese a las advertencias, Ángel continuó los negocios ilícitos, en los que facilitó conciertos y transacciones con los delincuentes, lo que hoy lo llevó a una corte en Estados Unidos donde fue juzgado, aparte de haber sido sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Desde el 2018, el FBI y otros entes policiales de Estados Unidos, tenían bajo la lupa al mexicano. En junio de 2022 fue detenido y, logró salir, aunque lamentablemente no cumplió con lo impuesto por los agentes.
Consecuencias
Entre lo que podría enfrentar Del Villar en los próximos meses, que será cuando el juez encargado del caso determine la sentencia final, el productor también sufriría sanciones económicas.
Sus bienes y cuentas bancarias podrían ser decomisadas y, su empresa entraría en una restricción legal que afectará directamente sus operaciones dentro y fuera del país comandado por Donald Trump.