LaLiga ha confirmado un hito sin precedentes en el mercado audiovisual español al adjudicar sus derechos de transmisión nacionales para el ciclo 2027/28 a 2031/32. La subasta no solo cumplió el objetivo de superar la barrera de los 1.000 millones de euros por temporada, sino que lo hizo con un crecimiento notable, alcanzando una cifra total que superará los 6.135 millones de euros en ingresos para las cinco campañas.
Esto se traduce en un promedio anual de 1.227 millones de euros, lo que representa un importante salto respecto a los cerca de 990 millones de euros por temporada del ciclo actual (2022-2027), asegurando un futuro económico sólido para los clubes españoles en la próxima media década.
Telefónica, de nuevo el actor principal
Aunque LaLiga dividió el proceso en hasta 12 lotes distintos para fomentar la competencia y maximizar los ingresos, todo apunta a que Telefónica (Movistar Plus+) se ha posicionado nuevamente como el principal operador del fútbol español, asegurando la mayoría de los paquetes más codiciados. Este acuerdo consolida la oferta deportiva de la operadora, que ya había cerrado recientemente la adjudicación de los derechos de la UEFA Champions League y Europa League hasta 2031.
La patronal, bajo la dirección de Javier Tebas, decidió adelantar el proceso de venta de derechos con la intención estratégica de lograr una revalorización del producto en un mercado que, en otras ligas europeas, había mostrado signos de estancamiento o pérdida de valor.
Blindaje contra la piratería
Un aspecto fundamental de esta nueva licitación es el énfasis puesto por LaLiga en la protección de su producto. Los nuevos contratos de adjudicación incluyen cláusulas estrictas que obligan a los socios audiovisuales a intensificar la lucha contra la piratería.
Estas disposiciones exigen a los operadores llevar ante la justicia a las señales y usuarios que redistribuyan los contenidos de forma ilícita, un paso crucial para mantener el valor de los derechos. LaLiga estima que el fraude audiovisual tiene un impacto de hasta 700 millones de euros anuales en su capacidad de ingresos, por lo que el blindaje legal es visto como una necesidad imperativa para asegurar la rentabilidad a largo plazo de su producto estrella.