Una jueza federal ha decidido negar la solicitud del gobierno del expresidente Donald Trump para eliminar una política que protege a los niños migrantes bajo custodia federal. La jueza Dolly Gee, quien preside el caso en Los Ángeles, emitió su fallo una semana después de escuchar argumentos tanto del gobierno federal como de defensores legales que representan a los menores detenidos.
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Durante la audiencia, la jueza Gee comparó la situación actual con intentos previos del gobierno federal de rescindir el Acuerdo de Transacción Flores (Flores Settlement Agreement) en 2019. Este acuerdo, que lleva vigente casi tres décadas, fue resultado de un largo proceso judicial que buscó mejorar las condiciones de los niños migrantes, tras denuncias de malos tratos en la década de 1980. Gee destacó que no hay novedades en los hechos ni en la ley que justifiquen un cambio en la política actual.
Mejoras en condiciones, pero no suficientes
A pesar de reconocer que el gobierno ha implementado algunas mejoras en las condiciones de confinamiento para los niños migrantes, la jueza subrayó que estas no son razón suficiente para abandonar el acuerdo. “Sugerir que se debería abandonar el acuerdo porque se han logrado algunos avances es absurdo”, afirmó Gee, enfatizando que el propósito original del acuerdo sigue siendo relevante.
Los representantes legales del gobierno argumentaron que el Acuerdo de Transacción Flores limita sus esfuerzos por ampliar el espacio de detención para familias migrantes. Tiberius Davis, uno de los juristas del gobierno, señaló que el acuerdo impide mantener a las familias detenidas indefinidamente, a pesar de que el proyecto de ley de impuestos y gastos propuesto por Trump ofrecía miles de millones para construir nuevas instalaciones.
El futuro del acuerdo y su supervisión
El Acuerdo Flores establece normas claras sobre cómo deben ser tratados los niños migrantes en centros de detención, incluyendo límites sobre el tiempo que pueden estar bajo custodia. Aunque la administración del presidente Joe Biden logró rescindir parcialmente el acuerdo en 2024, la jueza Gee ha decidido mantener una supervisión judicial especial, especialmente para centros que atienden a niños con necesidades urgentes.
El gobierno federal también está buscando expandir su capacidad de detención mediante la construcción de nuevas instalaciones, como una en Florida apodada “Alligator Alcatraz”. Sin embargo, esta nueva instalación enfrenta críticas y demandas por presuntas violaciones a los derechos constitucionales de los detenidos, lo que añade otra capa de complejidad al debate sobre el tratamiento de los niños migrantes en Estados Unidos.