El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras ha hecho un llamado al Gobierno para que implemente mecanismos que ofrezcan “respuestas oportunas y efectivas” a los aproximadamente 51,000 hondureños que quedarán desprotegidos tras la decisión de un tribunal en EEUU de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS).
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La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, expresó su preocupación por la situación de los hondureños que se beneficiaban de este programa migratorio. Según Reyes, la finalización del TPS dejará a estos inmigrantes “sin ninguna protección”, lo que implica la pérdida de derechos fundamentales como el acceso a empleo legal, licencias de conducir y seguros médicos.
Incertidumbre y desempleo en Honduras
Reyes enfatizó que la medida genera “mucha preocupación e incertidumbre” y subrayó la necesidad de que el Gobierno hondureño diseñe “mecanismos de respuesta” para ayudar a los inmigrantes que regresen. La complicada realidad en Honduras, marcada por altos niveles de desempleo y problemas de seguridad, dificultará la reintegración de quienes regresen al país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha establecido un plazo de gracia de 60 días antes de que los beneficiarios pierdan su estatus legal. Para los hondureños, esto significa que su permiso de trabajo y estatus migratorio vencerán el próximo 8 de septiembre. Esta situación ha generado una sensación de urgencia entre los afectados.
Impacto en la unidad familiar
Entre las principales preocupaciones expresadas por Reyes se encuentra el posible quiebre de la unidad familiar. Muchos beneficiarios del TPS han vivido en EEUU durante más de 25 años, formando familias y estableciendo vínculos con ciudadanos estadounidenses. La posibilidad de tener que dejar atrás a sus seres queridos es una carga emocional significativa.
La defensora también indicó que algunos hondureños con recursos podrían optar por regresar anticipadamente a su país antes del 8 de septiembre. Sin embargo, aquellos sin medios económicos probablemente buscarán mudarse a otros estados dentro de EEUU en busca de mejores oportunidades.
Riesgos adicionales en el sistema migratorio
Un aspecto preocupante es que los beneficiarios del TPS están registrados en el sistema migratorio estadounidense, lo que facilita su localización por parte de las autoridades migratorias. Esto aumenta el riesgo de detención y deportación para aquellos que no logren regularizar su estatus antes del vencimiento.
La necesidad de respuestas efectivas por parte del Gobierno de Honduras es más urgente que nunca, dado el impacto humano y social que esta decisión judicial conlleva. La comunidad espera acciones concretas que garanticen la protección y reintegración de sus ciudadanos en un contexto difícil.