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En Venezuela, realizar grafitis sin autorización se considera vandalismo, y la legislación vigente establece sanciones administrativas que van desde 25 hasta 200 Unidades Tributarias (UT). El artículo 479 del Código Penal indica que quien deteriore o manche bienes ajenos, ya sean muebles o inmuebles, será penado con estas multas, que buscan proteger la propiedad privada y pública.
Los grafitis surgieron en los años 80 como un medio de comunicación en zonas populares y barrios, extendiéndose posteriormente hacia el centro de las ciudades. En un inicio, servían para marcar territorios de grupos o transmitir mensajes personales, no obstante, con el tiempo, esta práctica ha generado debates sobre su valor cultural versus el impacto negativo como acto de vandalismo.
Los expertos destacan que no todos los grafitis son iguales. A diferencia de los murales, que requieren permisos y buscan embellecer espacios urbanos, los grafitis ilegales se hacen sin consentimiento del propietario ni de la municipalidad.
Y es que, mientras algunos grafitis pueden considerarse arte urbano, otros se utilizan para dañar, intimidar o destruir obras existentes. Casos recientes muestran que estas intervenciones afectan el patrimonio cultural y generan una sensación de descuido en la comunidad, además, reflejan la ausencia de valores de ciudadanía y cuidado por los espacios públicos.
