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La crisis en Lima vuelve a sacudir la política peruana tras la destitución de Dina Boluarte, considerada por muchos como la presidenta más impopular del país. El Congreso aprobó de forma exprés su vacancia por “incapacidad moral permanente”, un recurso constitucional que ya ha sido utilizado en anteriores crisis presidenciales, la decisión llega a pocos meses de las elecciones generales previstas para 2026.
El Parlamento peruano reunió cuatro mociones de vacancia en su contra, argumentando su falta de liderazgo frente al aumento del crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Este proceso se aceleró luego de semanas de protestas y reclamos sociales que exigían su salida inmediata, la moción obtuvo los votos suficientes, dejando a Boluarte fuera del poder de manera definitiva.
Con casi tres años en el cargo, Boluarte enfrentó una gestión marcada por acusaciones de corrupción, protestas masivas y un fuerte desgaste político. Su popularidad cayó drásticamente debido a la percepción de falta de empatía con las demandas ciudadanas y al uso de la fuerza durante manifestaciones, su salida cierra uno de los periodos más turbulentos en la historia reciente del país.
Tras la destitución, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, fue juramentado como nuevo jefe de Estado. En su discurso inicial, prometió promover la estabilidad política y restaurar la confianza institucional, sin embargo, expertos en política consideran que su gestión enfrentará grandes desafíos, ya que la población se mantiene dividida y descontenta con la clase política.
Las reacciones no se hicieron esperar, algunos sectores celebraron la decisión como una “victoria democrática”, mientras que otros la calificaron de un golpe más a la estabilidad del país.