El estado de Texas ha implementado una nueva legislación que prohíbe la adquisición de bienes raíces por parte de ciudadanos y entidades asociadas con países considerados adversarios en términos de seguridad nacional. Esta medida, firmada por el gobernador Greg Abbott, busca limitar la influencia extranjera en el mercado inmobiliario del estado.
La ley, que ya está en vigor, establece que cualquier individuo o entidad domiciliada en los países designados no podrá comprar ni poseer propiedades en Texas. Esto incluye tanto a personas físicas como a entidades controladas por ciudadanos o gobiernos de estas naciones. Sin embargo, se exceptúa a los extranjeros que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, así como a sus respectivas entidades.
Lista de países afectados
Los países incluidos en esta restricción son:
• Venezuela
• Cuba
• China
• Irán
• Corea del Norte
• Rusia
• Siria
Esta lista refleja las preocupaciones del gobierno estadounidense sobre la seguridad nacional y la influencia extranjera en el territorio nacional.
Propiedades afectadas por la prohibición
La legislación no se limita a la compra de viviendas, sino que abarca una amplia gama de propiedades. Las prohibiciones se justifican como una medida para prevenir operaciones inmobiliarias que podrían estar influenciadas por gobiernos adversarios o por organizaciones criminales transnacionales. Las propiedades que no podrán ser adquiridas incluyen:
• Viviendas residenciales
• Tierras agrícolas destinadas a cultivos, ganadería o plantaciones
• Mejoras construidas en terrenos rurales
• Propiedades comerciales e industriales
• Pozos y reservas de agua subterránea
• Minas, canteras y derechos sobre minerales
• Bosques y madera en pie
• Derechos de agua vinculados a un terreno
Implicaciones de la nueva ley
Con esta nueva legislación, Texas se une a un creciente número de estados que buscan regular la inversión extranjera en bienes raíces. Las autoridades argumentan que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad nacional y garantizar que las operaciones inmobiliarias no estén bajo la influencia de gobiernos hostiles.
A medida que la situación evoluciona, será importante observar cómo reaccionan tanto los inversores extranjeros como las autoridades locales ante estas nuevas restricciones.