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Estados Unidos ha intensificado la vigilancia sobre las transacciones inmobiliarias en efectivo, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, las autoridades buscan identificar a los individuos detrás de compras grandes de propiedades residenciales que no utilizan financiamiento tradicional, un procedimiento que históricamente permite un mayor rastreo de fondos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) renovó sus Órdenes de Focalización Geográfica, obligando a las aseguradoras de títulos de propiedad a reportar a las autoridades sobre los compradores que usan empresas fantasma para adquirir bienes raíces residenciales en efectivo. La normativa apunta a reforzar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones, minimizando riesgos de abuso en el mercado.
La normativa renovada comenzó el 10 de octubre de 2025 y se mantendrá hasta el 28 de febrero de 2026. Durante este período, las aseguradoras deben informar montos en efectivo superiores a ciertos umbrales y revelar la identidad de los individuos involucrados. La iniciativa se enfoca en transacciones de contado, donde no se aplica crédito, y busca cerrar posibles vacíos legales en la compra de inmuebles.
Zonas metropolitanas bajo control
Las revisiones se aplicarán en las principales áreas urbanas del país, incluyendo:
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California, Colorado, Connecticut, Florida
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Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts
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Nevada, Nueva York, Texas, Washington
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Virginia y el Distrito de Columbia
Estas ciudades concentran los mercados inmobiliarios más activos y son las que presentan mayor riesgo de transacciones financieras irregulares en efectivo.
La renovación de las GTO coincide con el aplazamiento de la Regla contra el Lavado de Dinero para Transferencias de Bienes Inmuebles Residenciales, ahora prevista para el 1 de marzo de 2026.
Foto: Cortesía
Esta futura normativa exigirá controles adicionales sobre todas las transacciones de propiedades, asegurando que los fondos provengan de fuentes legales y proporcionando un marco más sólido para la prevención de delitos financieros.