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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos es responsable de la detención de inmigrantes por diversas razones. Este proceso comienza con la recolección de datos biométricos y la evaluación de la situación migratoria de la persona detenida. El tiempo que un inmigrante puede permanecer en un centro de detención depende de varios factores, aunque no existe un límite de tiempo exacto para cada caso.
Una vez detenido, el inmigrante es trasladado a un centro de detención administrado por la Oficina de Detención y Deportación (ERO). En este punto, se revisa el historial migratorio del individuo y se toman decisiones sobre su posible deportación. Este periodo inicial no tiene una duración fija, lo que genera incertidumbre sobre cuánto tiempo puede permanecer la persona detenida.
Según la Corte Suprema de Estados Unidos, ICE cuenta con un plazo de 90 días desde la emisión de la orden de deportación para ejecutar la expulsión del inmigrante. Sin embargo, este plazo puede extenderse hasta seis meses en caso de que surjan complicaciones con la documentación necesaria o problemas relacionados con el país de origen del detenido.
Si al cumplirse los primeros 90 días no se ha logrado ejecutar la deportación, ICE debe justificar la continuación de la detención. Tras seis meses de reclusión, se lleva a cabo una segunda revisión de custodia, que evalúa nuevamente el caso particular del migrante. A pesar de esta revisión, no se garantiza que el detenido sea liberado de inmediato.
Existen casos en los que la deportación no es posible, como cuando el país de origen del migrante no acepta su retorno, no cuenta con un gobierno funcional, o cuando faltan los documentos necesarios para su identificación. En tales situaciones, el proceso de detención puede prolongarse indefinidamente.
