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El Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado una demanda contra el estado de California, desafiando dos leyes recientemente promulgadas que prohíben a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el uso de cubrebocas durante sus operaciones. La administración del presidente Donald Trump sostiene que estas leyes infringen la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales.
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La demanda, presentada el lunes, argumenta que las nuevas normativas amenazan la seguridad de los agentes federales. En documentos judiciales, el gobierno federal afirma que no tiene intención de acatar la legislación californiana. Bill Essayli, principal fiscal federal de Los Ángeles, expresó en redes sociales que "leyes inconstitucionales como esta ponen aún más en peligro a nuestros valientes hombres y mujeres que protegen a nuestra comunidad".
Respuesta del gobernador de California
Un portavoz del gobernador Gavin Newsom criticó la acción legal del DOJ. Diana Crofts-Pelayo declaró que si al gobierno federal le importara la seguridad pública, las comunidades serían más seguras. "Nos veremos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los tribunales", añadió, subrayando la postura firme del estado ante la demanda.
En septiembre, Newsom firmó la Ley contra la Policía Secreta, que prohíbe a los funcionarios ocultar su identidad con mascarillas durante operativos. Sin embargo, esta ley incluye excepciones para la Patrulla de Caminos de California y otros grupos específicos. Además, se aprobó la Ley contra los Vigilantes, que exige a los agentes federales no uniformados mostrar su identificación claramente a partir de enero de 2026.
Críticas y preocupaciones sobre seguridad
Los críticos de estas leyes, incluyendo la Asociación de Patrulleros de Carreteras de California, argumentan que las nuevas regulaciones ponen en riesgo la vida y el bienestar de los agentes al limitar su capacidad para proteger su identidad en situaciones críticas. Aseguran que estas medidas son un castigo hacia las fuerzas del orden locales por las acciones de los oficiales federales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había solicitado previamente a Newsom que vetara estos proyectos de ley, y tras su aprobación, reiteró su intención de no acatar las nuevas normativas. Además, representantes demócratas en Nueva York han presentado una versión federal de la Ley contra la Policía Secreta, buscando establecer regulaciones similares a nivel nacional.
Este conflicto legal entre la administración Trump y el estado de California pone de manifiesto las tensiones existentes en torno a las políticas migratorias y la seguridad pública.