Un importante acuerdo judicial acaba de limitar las prácticas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California. A raíz de una demanda colectiva presentada por organizaciones proinmigrantes, se resolvió que los agentes de ICE no podrán seguir haciéndose pasar por policías locales o estatales para arrestar a inmigrantes indocumentados en siete condados de la región.
El pacto judicial: Cambios clave en las prácticas de ICE
El acuerdo, que se alcanzó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos bajo el juez Otis D. Wright II, afecta las actividades de ICE en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. A partir de este pacto, los agentes deberán llevar identificadores visibles que los distingan claramente de la policía local o estatal durante sus intervenciones.
Antecedentes de la demanda: Prácticas engañosas de ICE
La demanda, conocida como Kidd vs Noem , fue presentada en abril de 2020 por diversas organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes. Estas organizaciones denunciaron que los agentes de ICE, en lugar de identificarse como tales, se hacían pasar por policías locales o estatales para obtener acceso a las viviendas de los inmigrantes y arrestarlos sin una orden judicial válida.
La práctica de engañar a los inmigrantes para que permitan la entrada de los agentes o acepten ser arrestados sin una orden judicial fue común especialmente durante el primer mandato del presidente Donald Trump, como parte de su agresiva estrategia de deportación. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) documentó estos incidentes, y los agentes también mencionaron sobre el propósito de su visita, creando un ambiente de miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes.
Reacciones ante el acuerdo: Una victoria para las comunidades inmigrantes
Este acuerdo ha sido considerado como una victoria significativa por parte de las comunidades proinmigrantes en el sur de California. Lizbeth Abeln, subdirectora de la Inland Coalition for Immigrant Justice, comentó que "durante años hemos escuchado los testimonios de agentes de ICE haciéndose pasar por la policía local, apareciendo en las puertas de la gente, mintiendo sobre sus propósitos y utilizando el miedo para separar a las familias".
Por su parte, Diana Sánchez, abogada de la ACLU del sur de California, subrayó la importancia de este acuerdo al afirmar que "nuestros vibrantes comunidades se basan en la confianza", y resaltó que ICE tendrá que rendir cuentas por sus prácticas engañosas.
Monitoreo y vigilancia: La lucha no ha terminado
A pesar del acuerdo, las organizaciones proinmigrantes han expresado su compromiso de seguir vigilando a ICE para asegurarse de que no se violen los derechos de los inmigrantes. Abeln agregó que, aunque este es un paso importante, "todavía hay trabajo por hacer", y destacó que este acuerdo demuestra que ICE ya no podrá seguir adelante con sus tácticas "racistas y dañinas".
El futuro de las prácticas de ICE en California
Este acuerdo representa un cambio significativo en las políticas y prácticas del ICE en el sur de California, que, durante años, ha sido uno de los focos más importantes de la controversia en torno a las políticas migratorias de Estados Unidos. Las organizaciones de derechos civiles y los defensores de los inmigrantes continúan luchando para garantizar que los derechos de las comunidades más vulnerables sean respetados, mientras que el gobierno federal intenta implementar políticas más estrictas.