El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció recientemente la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que lo obtuvieron en 2021. Dicha medida coloca a miles de familias en una situación legal incierta, generando miedo ante la posibilidad de deportación y la necesidad de buscar nuevas vías para permanecer en el país.
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La decisión ha sido duramente criticada por entidades como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), las ONG proinmigrantes advierten que esta medida afecta no solo a los individuos, sino también a la cohesión y estabilidad de las comunidades donde se han establecido.
Diversos analistas consideran que la medida tiene un componente político, vinculando la terminación del TPS con la seguridad fronteriza y la agenda migratoria de la administración. La congresista María Elvira Salazar se manifestó en contra, solicitando extender el beneficio y establecer soluciones permanentes que permitan a los venezolanos residir y trabajar sin temor a la deportación.
Alternativas legales disponibles
Ante la pérdida del TPS, los migrantes venezolanos exploran otras opciones legales:
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Asilo político: demostrar un miedo creíble a persecución por razones políticas, religiosas o sociales.
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Estatuto de refugiado: iniciar el proceso desde fuera de Estados Unidos para garantizar protección.
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Visas de empleo, habilidades especiales o familiares: evaluar cada caso según el perfil del solicitante.
Los expertos recomiendan buscar asesoramiento legal inmediato, ya que cada caso presenta particularidades que pueden afectar la aceptación de solicitudes.