California se encuentra en el centro de una controversia tras la decisión de revocar aproximadamente 17,000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes. Esta medida se debe a que las licencias en cuestión habían expirado, lo que las hacía ilegales bajo la ley estatal. La noticia fue confirmada por funcionarios del estado, quienes indicaron que esta acción es una respuesta a la creciente preocupación sobre la validez de estas licencias.
La situación se intensificó la semana pasada cuando 34 choferes de camión fueron detenidos en Oklahoma. Estos conductores poseían licencias de conducir comerciales que habían sido emitidas en estados considerados "santuario". Este incidente puso de relieve las implicaciones legales y la vigilancia sobre la emisión de licencias a inmigrantes.
Sean Duffy, secretario de Transporte, no tardó en criticar la decisión de California, argumentando que constituye una admisión de irregularidades en el proceso de emisión de licencias. “Tras semanas de negar cualquier irregularidad, Gavin Newsom y California han sido sorprendidos con las manos en la masa”, expresó Duffy. Según él, la revocación es un reconocimiento de que se otorgaron licencias ilegalmente.
Respuesta del gobernador Newsom
La oficina del gobernador Gavin Newsom defendió la legalidad de las licencias revocadas, afirmando que los conductores afectados contaban con permisos y autorización del gobierno federal para trabajar. Sin embargo, se admitió que las licencias habían expirado, lo que llevó a su revocación. El portavoz de Newsom, Brandon Richards, descalificó las afirmaciones de Duffy, acusándolo de difundir "falsedades fácilmente refutables".
La controversia en California no es un caso aislado. La administración Trump ha criticado a otros estados por emitir licencias a inmigrantes indocumentados. Este tema cobró relevancia tras un trágico accidente en Florida, donde un conductor indio causó la muerte de tres personas debido a una maniobra ilegal. En respuesta, Duffy ha impuesto nuevas restricciones para la obtención de licencias, incluyendo requisitos como el dominio del inglés.
Consecuencias financieras
Además de las restricciones, Duffy anunció que eliminará $40 millones en fondos federales destinados a California, argumentando que el estado no está cumpliendo con los requisitos lingüísticos para los camioneros. También advirtió que podría retirar otros $160 millones si no se invalidan todas las licencias emitidas irregularmente y se abordan las preocupaciones planteadas.
Con reacciones encontradas entre funcionarios estatales y federales, este tema promete seguir siendo un punto focal en la política migratoria y legal del país.