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En su discurso de investidura, el presidente panameño, José Raúl Mulino, destacó la importancia de frenar la migración ilegal a través del Tapón del Darién, una inhóspita frontera selvática entre Colombia y Panamá por donde cruzaron más de 520.000 migrantes en 2023. Tras la ceremonia, Panamá y Estados Unidos firmaron un convenio en el cual Washington se comprometió a financiar las repatriaciones de los migrantes irregulares, destinando seis millones de dólares para este propósito.
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Más acuerdos regionales
Este esfuerzo bilateral que tiene a Estados Unidos como principal puente llama la atención sobre la complejidad de la actual movilidad humana en el hemisferio occidental, como señala Diego Chaves del Instituto de Política Migratoria. A pesar del acuerdo, existen desafíos logísticos, sociales y políticos en la repatriación de los migrantes. Por ejemplo, Panamá necesita infraestructura aeroportuaria adecuada para los vuelos, y los países de origen deben aceptar a sus ciudadanos de vuelta, lo cual puede ser difícil en algunos casos.
Maureen Meyer, de la organización de derechos humanos WOLA, resalta la incertidumbre en torno a cuántas personas y de qué nacionalidades serán afectadas por este nuevo programa de repatriación. A pesar de que unas 1.000 personas cruzan el Darién diariamente en promedio, incluso un país con una infraestructura desarrollada como Estados Unidos solo logra retornar entre 500 y 600 migrantes al día vía aérea.
Atacar la crisis
En este contexto, es crucial abordar la crisis migratoria desde una perspectiva regional y coordinada, buscando soluciones sostenibles que respeten los derechos humanos de todos los involucrados. Aunque el esfuerzo de Panamá y Estados Unidos es positivo, es necesario considerar medidas complementarias y continuar trabajando en conjunto con otros países para abordar de manera integral los flujos migratorios en la región.