El juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, ha acordado imputar al actual presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, y también a todas aquellas personas que fueran miembros de su junta directiva durante su primer mandato por los pagos efectuados al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, y a su hijo.
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Asimismo, los cargos por los que se le imputa son varios: delito continuado de cohecho, de corrupción deportiva, un delito continuado de administración desleal y de falsedad en documento mercantil. Además, se atribuye esta misma condición de investigados a todas las personas denunciadas inicialmente por la Fiscalía, como lo son los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell y los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler.
El juez encargado insiste que Negreira trató de “beneficiar al Barcelona en detrimento de otros clubes tanto en Liga como en Copa con designaciones arbitrales tendenciosas o bien admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados”. Y recuerda que existe administración desleal por un delito de espurio: “El vicepresidente del CTA no puede proporcionar información privilegiada a ningún equipo, dado que ello perjudica a los demás integrantes de la competición”.
¿Por qué es imputado Joan Laporta?
Pese a que la Fiscalía no incluyera al actual presidente del Barcelona entre los imputados, al entender que los posibles delitos cometidos durante su primer mandato ya habrían prescrito, el titular del juzgado discrepa en este nuevo texto al entender que las consecuencias penales sí le permiten imputarlo debido a que se trata de un delito continuado de cohecho.
El instructor señala que en el caso de los delitos continuados el plazo de prescripción computa desde el día de la última infracción, y para los exdirectivos debe calcularse 10 años atrás desde el último pago a Negreira, en julio de 2018. Ello abarcaría los pagos efectuados desde julio de 2008 a 2010, etapa de la que sería responsable la directiva encabezada por Laporta.
Además, el magistrado reafirma que el exvicepresidente del CTA tenía “un ámbito de influencia muy amplio” al ser el segundo en el escalón de dicho colectivo. Y añade: “Por deducción lógica, los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también, que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos”.