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El programa de Parole Humanitario establecido por Estados Unidos, que busca brindar asistencia a migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, ha enfrentado recientemente desafíos significativos debido a una serie de casos de fraude. En una conversación con el periodista Javier Díaz, el abogado especialista en inmigración, José Guerrero, analizó las repercusiones legales para aquellos involucrados, ya sea como víctimas inocentes o como autores de actividades fraudulentas relacionadas con este programa.
Las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han alertado sobre diversas tácticas fraudulentas que amenazan con desestabilizar la esencia y continuidad del Parole Humanitario. Entre las prácticas ilícitas detectadas se encuentran la utilización de números de seguro social pertenecientes a personas fallecidas, la presentación de direcciones ficticias, y la apropiación indebida de información de patrocinadores sin su consentimiento. Estas acciones no solo comprometen a los individuos directamente involucrados, sino que también ponen en riesgo la confianza y eficacia del programa en su conjunto.
José Guerrero subrayó la importancia de diferenciar entre los beneficiarios que, sin conocimiento alguno, se ven atrapados en estas situaciones fraudulentas, y aquellos patrocinadores que deliberadamente participan en ellas.
"Será muy difícil que puedan entrar a Estados Unidos en el futuro. Los que estén en Estados Unidos y tenían conocimiento de lo que hacían, pueden encarar cargos criminales, revocarles la residencia, o enfrentarse a la deportación"
Sin embargo, los patrocinadores implicados podrían enfrentar severas consecuencias, incluyendo la posible prohibición de ingresar a territorio estadounidense en el futuro. Adicionalmente, Guerrero enfatizó que cualquier Parole asociado con actividades fraudulentas resultará en la inmediata anulación del proceso para el beneficiario.
Es esencial que quienes hayan recurrido a terceros para la gestión de formularios o hayan realizado pagos por dichos servicios, mantengan una documentación detallada de cada paso, incluyendo evidencias fotográficas y datos de contacto del gestor. Esta precaución es vital para demostrar su inocencia en eventuales investigaciones.
Las sanciones por participar en fraudes relacionados con el programa pueden ser drásticas, llegando incluso a penas de prisión de hasta una década para los culpables. Guerrero destacó que estos delitos dejan una marca indeleble en el historial migratorio de las personas, complicando cualquier aspiración futura de ingreso o permanencia en Estados Unidos.