En un impactante giro en la vida del fallecido conductor, se han dado a conocer los detalles de la demanda de divorcio que Cristina Riva Palacio interpuso contra Daniel Bisogno en 2019.
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En 2019, Cristina presentó ante un juez de la Ciudad de México una demanda de divorcio contra el extalento de Ventaneando, acusándolo de ejercer violencia física y psicológica, además, solicitó la custodia de su hija Michaela y reclamó el 50 % de sus bienes.
Tras la muerte de Bisogno el 20 de febrero de 2025, la disputa legal derivó en una compleja batalla por la herencia, intensificando el enfrentamiento entre Riva Palacio y la familia del conductor.
Matrimonio y separación
Cristina y Daniel contrajeron matrimonio en 2015 bajo el régimen de separación de bienes, según consta en los documentos filtrados. Poco después, su relación se fracturó debido, según la demandante, a conductas “explosivas” y consumo de alcohol y otras sustancias por parte del conductor.
En 2019, Riva Palacio decidió formalizar su separación a través de un juicio de divorcio, que recién ve la luz pública hoy. A pesar de haber tenido una hija, las acciones del mexicano habrían acabado con el amor que existía entre ellos.
Violencia física y psicológica
En la demanda, la mexicana acusó a Bisogno de ejercer agresiones físicas y emocionales reiteradas durante el matrimonio: “era una persona muy explosiva, con carácter violento y agresivo”.
Además, sostuvo que bajo los efectos del alcohol o “cualquier otra sustancia” el conductor adoptaba comportamientos “inmorales y pervertidos”, poco apropiados para su hija. Estas afirmaciones fueron el eje de sus reclamos ante el juzgado, buscando protección y resguardo para sí misma y para su niña.
Exigencias de Cristina Riva
Aun contrayendo matrimonio bajo separación de bienes, Cristina solicitó que le fuera asignado el 50 % de todos los bienes que Bisogno adquirió durante la unión.
De igual forma, pidió el pago de una pensión alimenticia mensual suficiente para cubrir sus necesidades y las de Michaela, aduciendo que carecía de empleo o recursos propios para subsistir.
También requirió el reembolso de “gastos y costas” generados por el proceso judicial. Por otro lado, reclamó la custodia total de Michaela argumentando que, los presuntos episodios de violencia y agresividad por parte del conductor, ponían en riesgo el bienestar de la menor.