En un fallo histórico que ha resonado en comunidades inmigrantes de todo el país, una jueza federal de San Francisco ha extendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 60,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión, que representa un alivio significativo y temporal para miles de familias, frena los planes del gobierno de poner fin a esta protección humanitaria.
¿Quién es la jueza Trina Thompson y cuál fue su decisión?
La jueza Trina Thompson, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, fue la encargada de conceder la moción presentada por la “National TPS Alliance”. En su orden, Thompson escribió una poderosa declaración que ha capturado la atención de muchos:
“La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que buscan los demandantes”.
La decisión de la jueza no es una extensión indefinida, sino un aplazamiento de la terminación del TPS hasta una audiencia a fondo programada para el 18 de noviembre.
Esto significa que los beneficiarios de estos países pueden continuar con su estatus protegido, al menos por ahora, mientras el caso avanza en la corte.
El TPS: Una protección vital ante lo inimaginable
Para entender la magnitud de esta decisión, es crucial recordar qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS). Es un programa migratorio que protege de la deportación a individuos de ciertos países, permitiéndoles trabajar legalmente en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo designa cuando un país de origen enfrenta condiciones extraordinarias y temporales que impiden un retorno seguro, como:
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Conflictos armados en curso.
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Desastres naturales (huracanes, terremotos).
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Epidemias o eventos de carácter extraordinario.
La demanda, en la que se basa el fallo de la jueza Thompson, argumenta que la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Quinta Enmienda de la Constitución. Los demandantes alegan que la decisión de la secretaria del DHS, Kristi Noem, se basó en una "animadversión racial" y no en una evaluación objetiva de las condiciones en sus países.
El impacto económico y social de la extensión del TPS
El fallo judicial no solo se centra en la perspectiva humanitaria. La jueza Thompson también hizo hincapié en el impacto económico de una posible cancelación del TPS. Según el documento judicial, la terminación del programa para estos tres países resultaría en una pérdida de $1.4 mil millones para la economía estadounidense. Esto se debe a que la gran mayoría de los beneficiarios del TPS son parte activa de la fuerza laboral.
El fallo detalló cifras contundentes sobre las contribuciones de estos trabajadores:
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Aportan $10.3 mil millones al año y pagan $2.2 mil millones anuales en impuestos federales y estatales.
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Solo la cancelación del TPS para Honduras generaría una pérdida de $73 millones en contribuciones al Seguro Social y $17 millones en Medicare.
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Se estima que los costos de deportación para el gobierno podrían ascender a $863 millones.
Además del impacto económico, la jueza destacó que poner fin al TPS podría reducir la seguridad pública, ya que los migrantes con estatus legal son más propensos a denunciar crímenes y cooperar con las fuerzas del orden.