El Congreso estadounidense aprobó la “One Big Beautiful Act”, marcando un antes y un después en los costos de los trámites migratorios, y es que, la normativa fija por primera vez una tarifa obligatoria para la solicitud de asilo político y eleva otros aranceles asociados. Según activistas, el cambio puede redefinir el acceso al refugio para miles de latinoamericanos, incluidos los venezolanos.
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La medida sustituyó la gratuidad histórica del asilo por un pago inicial de cien dólares, además de un cobro de 550 dólares para tramitar el permiso de trabajo. También se introduce una tasa de mantenimiento anual mientras el caso esté pendiente y aumentan las tarifas de apelación. Autoridades justifican estos importes alegando la necesidad de financiar de forma sostenible el sistema migratorio, sin embargo, expertos advierten que las familias de bajos recursos quedarán más expuestas a la informalidad.
Organizaciones legales señalan que las nuevas tasas “estrangulan” el presupuesto de quienes llegan con apenas lo indispensable. Por lo que abogados sugieren acudir a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asesoría gratuita o a bajo costo, como RAICES y Catholic Legal Services.
Quienes planeen solicitar asilo deben reunir la documentación con antelación y considerar cuentas de ahorro designadas para cubrir las nuevas tasas, los solicitantes deben planificar su presupuesto y buscar apoyo profesional para evitar contratiempos. Mientras tanto, la comunidad latina seguirá atenta a las repercusiones de esta tarifa oficial y a las posibles vías para mitigar su impacto.
