Donald Trump y su administración mantienen una ofensiva sin precedentes que abarca la desnaturalización de ciudadanos naturalizados y una estrategia para eliminar la ciudadanía por nacimiento en amplios territorios de Estados Unidos. A continuación, desglosamos ambos frentes.
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Revocación de ciudadanía estadounidense a migrantes naturalizados
La desnaturalización requiere pruebas sólidas de fraude durante la naturalización o delitos graves cometidos antes de obtener la ciudadanía. De 1990 a 2017 se registraron solo 305 casos, pero bajo la segunda presidencia de Trump el Departamento de Justicia emitió un memorando el 11 de junio para priorizar estas acciones, abarcando también delitos civiles como fraude en beneficios públicos o préstamos PPP. Esto ha despertado alarmas por el posible uso arbitrario del procedimiento y la ausencia garantizada de representación legal para los acusados.
En su primer mandato, ya se habían presentado solicitudes contra alrededor de 2 500 casos, de los cuales 110 fueron formalizados, y recientemente se desnaturalizó a Elliott Duke, un naturalizado del Reino Unido condenado por abuso sexual infantil. Así, Trump sí puede revocar la ciudadanía estadounidense adquirida mediante naturalización si se comprueba fraude o delito grave, ahora incluso bajo nuevos criterios civiles.
¿Se puede eliminar la ciudadanía por nacimiento?
El 27 de junio de 2025, la Corte Suprema emitió un fallo de 6–3 que permite al gobierno de Trump implementar la Orden Ejecutiva 14160, que restringe la ciudadanía automática por nacimiento, en 28 estados que no presentaron demandas judiciales. La decisión desarticula las órdenes judiciales de alcance nacional que bloqueaban la medida, aunque no se pronuncia sobre su constitucionalidad.
En dichos estados, dentro de 30 días tras el fallo, los padres deberán demostrar su estatus migratorio para que sus hijos obtengan la ciudadanía al nacer. Esto podría generar un mosaico legal: en algunos lugares los bebés recibirán ciudadanía automáticamente y en otros no, dependiendo del estado en que nazcan.
Pese a que la Corte no falló sobre la validez misma del decreto, al limitar el poder de los jueces inferiores para emitir bloqueos nacionales, ha abierto la puerta a su implementación parcial.
Grupos civiles y 22 estados demandantes están movilizando nuevas acciones legales, incluyendo demandas colectivas en Maryland y New Hampshire, para frenar el decreto en esos estados.
En conclusión, sí, Trump dispone de herramientas legales para revocar la ciudadanía a naturalizados bajo criterios expansivos, y gracias a la Corte Suprema, puede comenzar a impedir la ciudadanía por nacimiento en 28 estados. Sin embargo, este esquema está lejos de consolidarse: enfrenta oposición judicial y generará complejos desafíos administrativos y sociales.
