El Senado de Italia aprobó el jueves un polémico decreto de ciudadanía promovido por el gobierno de Giorgia Meloni, que restringe el reconocimiento de la ciudadanía italiana por derecho de sangre (ius sanguinis) únicamente a hijos y nietos de ciudadanos italianos. Esta medida, que ahora pasará a votación en la Cámara de Diputados, ha generado una fuerte reacción, especialmente en países como Argentina y Brasil, donde millones de personas tienen ascendencia italiana.
¿Qué cambia con el nuevo decreto de ciudadanía italiana?
Hasta ahora, la legislación italiana permitía que los descendientes de italianos, sin límite generacional, pudieran reclamar la ciudadanía si podían demostrar la línea de descendencia sin interrupciones. El nuevo decreto-ley, en vigor desde el 28 de marzo, introduce restricciones clave:
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Solo podrán acceder a la ciudadanía por sangre quienes tengan padre o abuelo italiano, es decir, descendientes de primera o segunda generación.
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Se excluyen los nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la ley, si no cumplen con los nuevos requisitos.
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Se elimina el reconocimiento automático a personas con otra nacionalidad si su progenitor o abuelo no tenía exclusivamente ciudadanía italiana al momento de la solicitud o de su fallecimiento.
“La ciudadanía debe ser un reconocimiento serio y consciente”, expresó el canciller italiano Antonio Tajani, quien defendió el decreto como una medida para “fortalecer el vínculo cultural, cívico e identitario con Italia”.
Impacto para la comunidad italoargentina y brasileña
El cambio ha causado una profunda preocupación entre los descendientes de italianos en países como Argentina y Brasil, donde cientos de miles tramitan la ciudadanía cada año. Solo en Argentina, 20.000 personas la obtuvieron en 2023 y se espera que 30.000 lo hagan en 2024.
El presidente de Comites Buenos Aires, Dario Signorini, calificó la medida como una "traición", al considerar que “destruye los vínculos familiares y culturales” entre Italia y sus comunidades en el exterior. Además, denunció que la reforma genera desigualdad entre hermanos o familiares que han iniciado el trámite en momentos distintos, muchas veces por problemas como la falta de turnos consulares.
Medida “selectiva, no excluyente”
Aunque el gobierno de Meloni insiste en que la medida no excluye, sino que responsabiliza, muchos la consideran una forma de cerrar las puertas a millones de descendientes que mantienen lazos culturales e identitarios con Italia.
“Esta reforma pretende evitar abusos y asegurar que quienes reciban la ciudadanía mantengan un vínculo real con nuestro país”, afirmó Tajani.
Posibilidad de readquirir la ciudadanía
El decreto también incluye una disposición que permite a los emigrantes italianos que renunciaron a su ciudadanía para trabajar en el extranjero, readquirirla mediante solicitud. Esta cláusula ha sido vista como un gesto hacia los italianos que emigraron en masa en el siglo XX.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
El decreto ahora deberá ser aprobado en la Cámara de Diputados, donde el partido de Meloni tiene mayoría, por lo que se espera que sea ratificado sin grandes modificaciones antes de que se cumpla el plazo de 60 días desde su entrada en vigor.
¿Por qué se implementa esta reforma?
El gobierno argumenta que la ley actual permitía que más de 60 millones de personas en todo el mundo pudieran potencialmente solicitar la ciudadanía italiana. Con esta reforma, Italia busca limitar ese alcance, alegando que la nacionalidad no debe ser solo una vía para obtener un pasaporte europeo, como expresó Tajani al citar ejemplos de Argentina y Brasil.