El gobierno de Donald Trump ha decidido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses y hondureños, una medida que fue anunciada el lunes por Kristi Noem, jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta decisión se basa en la supuesta mejora de las condiciones en ambos países centroamericanos.
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El TPS fue concedido a Honduras y Nicaragua en 1999, tras los devastadores efectos del huracán Mitch, que dejó un saldo trágico de 7.000 muertos en Honduras y 4.000 en Nicaragua, además de provocar una crisis humanitaria y económica profunda. Este estatus permite a los extranjeros permanecer en Estados Unidos sin temor a ser deportados y les otorga el derecho a trabajar.
Renovación y vencimiento del TPS
La última renovación del TPS para estos países se realizó durante el gobierno de Joe Biden, extendiendo su vigencia por 18 meses. Sin embargo, este estatus venció el pasado 5 de julio, y la eliminación oficial entrará en vigor el 6 de septiembre, 60 días después de la publicación de la orden en el Registro Federal.
Cerca de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses se beneficiaban del TPS. La eliminación del programa ha generado preocupación entre estas comunidades, que ahora enfrentan la posibilidad de ser deportadas a países donde las condiciones pueden no ser seguras.
Justificaciones del DHS
Según el DHS, tanto Nicaragua como Honduras han mejorado lo suficiente como para que sus ciudadanos puedan regresar a casa. Noem afirmó que "los impactos de un desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999 ya no existen", obviando la situación política actual en el país bajo el régimen de Daniel Ortega. En el caso de Honduras, el departamento destacó los "enormes progresos" del gobierno, sugiriendo que es seguro para los nacionales regresar.
El DHS ha manifestado su disposición a ayudar en el retorno voluntario de los beneficiarios del TPS, ofreciendo un apoyo económico de 1.000 dólares para aquellos que opten por la autodeportación.
Trump ha eliminando protecciones para haitianos, venezolanos y afganos como parte de su agenda más amplia para reducir la inmigración irregular en Estados Unidos. La decisión sobre Honduras y Nicaragua se alinea con esta estrategia, generando un debate sobre las condiciones reales en estos países y las implicaciones humanitarias de la medida.
