El presidente Donald Trump ha puesto en marcha un plan controvertido que podría cambiar drásticamente el futuro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Según fuentes, habría decidido destituir a cinco de los siete miembros del organismo, incluyendo a su presidente Arthur González. Esta acción, que ocurre en medio de una tensa negociación por el recorte de la deuda de la AEE, ha generado un intenso debate sobre la legalidad y las implicaciones de la medida.
¿Qué se sabe sobre la posible destitución de los miembros de la JSF?
El informe, publicado por Breitbart News, sugiere que Trump busca una reestructuración significativa de la Junta. La presunta movida, que aún no ha sido confirmada oficialmente por la JSF, dejaría fuera a figuras clave como Andrew Biggs y John Nixon.
La decisión se enmarca en un contexto de presiones por parte de bonistas, como Golden Tree Asset Management, que se oponen a la propuesta de reducir la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de $8,500 millones a $2,600 millones.
Este cambio de liderazgo podría influir directamente en el resultado de estas cruciales negociaciones y en la dirección económica de la isla.
El conflicto legal: ¿Es válida la decisión de Trump bajo la ley PROMESA?
La destitución de los miembros de la JSF no es un proceso sencillo. La ley PROMESA establece que los miembros solo pueden ser removidos por "justa causa", un requisito que abre la puerta a posibles demandas judiciales y a un largo litigio.
Analistas económicos advierten que esta medida podría debilitar la posición de la Junta en negociaciones vitales, incluyendo los contratos con empresas como New Fortress Energy. Esta incertidumbre legal podría afectar la estabilidad y la confianza en la gobernanza fiscal de Puerto Rico.
Voces a favor y en contra: La presión política en la Junta de Supervisión
La activista conservadora Laura Loomer, una figura influyente en la órbita de Trump, ha celebrado públicamente esta posible acción. Loomer ha presionado para que se remueva a todos los miembros de la Junta, acusándolos de un presunto "despilfarro" de más de $2,000 millones en consultores y abogados durante nueve años. Su postura subraya la presión política y el descontento que existe con la gestión de la Junta.
¿Qué significa este cambio para Puerto Rico?
La potencial purga de la Junta de Supervisión Fiscal podría marcar un antes y un después en la gestión de la deuda y la política económica en Puerto Rico.
La confirmación oficial de esta noticia y las posibles repercusiones legales serán clave para entender el futuro de la isla y su relación con el gobierno federal. Mantente informado sobre los desarrollos de esta historia a medida que surjan nuevos detalles.