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La Ley de Armonización Tributaria de 2023 estableció el euro como referencia para el pago de multas en Venezuela. Aunque el cobro se realiza en bolívares, el uso del euro como unidad de medida busca unificar criterios tributarios en todo el país.
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¿Por qué el euro?
- Mayor valor de circulación: El euro es la moneda de mayor valor en Venezuela, lo que facilita la comparación de multas a nivel nacional.
- Uniformidad legal: La ley busca evitar cambios constantes en la legislación y las confusiones en materia de multas y tributación.
- Coherencia legislativa: Se busca que las personas conozcan el monto equivalente a pagar, independientemente de la moneda que se utilice.
¿Cómo se calculan las multas?
- Adaptación a la realidad socioeconómica: Las multas no deben ser tan altas que se vuelvan imposibles de pagar, sino que deben ser disuasivas y proporcionales al ingreso de los ciudadanos.
- Comparación con otros países: Se toman en cuenta las multas por infracciones similares en otras ciudades del mundo, pero se considera el contexto socioeconómico de Venezuela.
- Capacidad de pago: Se busca que la multa represente un castigo significativo para el infractor, pero que pueda cumplir con la sanción.
Ejemplo
- Pasar un semáforo en rojo:
- Caracas: Entre 20 y 40 dólares.
- Miami: Entre 160 y 270 dólares.
- Bogotá: Entre 250 y 280 dólares.
- Madrid: Entre 190 y 200 euros.
La lógica detrás de las multas
- Disuasión: La multa debe ser lo suficientemente significativa para disuadir conductas inapropiadas.
- Equidad: La multa debe ser proporcional al ingreso del infractor y al costo de vida en el país.
- Cumplimiento: La multa debe ser pagable para que la sanción sea efectiva.
Adaptación a la realidad
- Economía fluctuante: En Venezuela, la economía y los ingresos de los ciudadanos han estado en constante fluctuación.
- Montos ajustados: Las multas se mantienen en ciertos montos para adaptarse a la realidad económica del país.
El uso del euro como referencia para el pago de multas en Venezuela busca unificar criterios tributarios, facilitar la comparación de multas a nivel nacional y garantizar que las multas sean disuasivas, equitativas y pagables. La adaptación de las regulaciones y sanciones a la realidad económica del país es crucial para garantizar su efectividad y justicia en la aplicación.